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La defensa del expresidente del Gobierno solicita a la Audiencia Nacional limitar el alcance policial tras filtrarse agendas íntegras y mensajes de WhatsApp que considera ajenos a la causa.
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Madrid. — La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que ordene a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional limitar su investigación estrictamente a los hechos delimitados judicialmente. El letrado denuncia que la vida del exdirigente socialista «no puede ser sometida al escrutinio y conveniencia» de la unidad policial.
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En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la representación legal de Zapatero pide que se adopten medidas urgentes para «evitar la difusión indiscriminada de datos personales». Esta reclamación llega tras el último informe policial del pasado 22 de junio, el cual incorporaba las agendas íntegras y numerosas conversaciones privadas de WhatsApp del expresidente.
«No pierde sus derechos por ser investigado»
El escrito de la defensa carga con dureza contra el alcance que han tomado las pesquisas policiales, recordando que el estatus de investigado no anula las garantías constitucionales:
«Por el hecho de ser investigado, un ciudadano no pierde sus derechos ni los poderes públicos […] asumen facultades para, sin coto ni límite, allanar su intimidad y su vida privada, eliminar su derecho al secreto de las comunicaciones y arrasar con su derecho a la protección de datos personales».
Según el letrado, «exactamente eso ha ocurrido con Rodríguez Zapatero», señalando que los medios de comunicación disponen ya no solo del informe, sino de todos los anexos que contienen actividad y comunicaciones «estrictamente personales y de todo punto ajenas a la causa». Por ello, solicita la prohibición expresa de que la policía se sirva de esta información masiva para indagar en cualquier actividad personal o profesional que no esté autorizada de forma motivada por el juez.
Denuncia de una «investigación prospectiva» sobre Bolivia
El detonante principal de esta queja es la petición de la defensa de devolver a la UDEF su último informe. En dicho documento, la policía sostiene que Zapatero participó en una «dinámica de intermediación e influencias» ante las autoridades de Bolivia para favorecer los intereses del grupo empresarial peruano Gloria, supuestamente a cambio de una contraprestación económica de 200.000 euros entre los años 2024 y 2025.
La defensa del expresidente exige que estos datos se descarten por completo, argumentando que se trata de «hechos ajenos» a la matriz de la causa penal y que son el resultado de una investigación prospectiva (aquella que busca delitos de forma general sin indicios previos concretos), la cual carece de la autorización judicial exigida por la ley.
