MADRID — El Tribunal Constitucional no resolverá el recurso de amparo presentado por el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la Ley de Amnistía por el delito de malversación hasta los meses de septiembre u octubre. Esta decisión se toma con el fin de esperar y analizar el fallo clave del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La justicia europea dictará el camino
El próximo 16 de julio, el tribunal de Luxemburgo tiene previsto resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y por la Audiencia Nacional. Estas consultas versan sobre la responsabilidad contable de varios líderes catalanes, entre ellos el propio Puigdemont y el expresidente Artur Mas, así como sobre las acusaciones de terrorismo que pesan sobre doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Fuentes jurídicas de solvencia han descartado que el Constitucional pueda abordar este asunto en el pleno ordinario del próximo 20 de julio. Esta sesión, que será la última del presente año judicial, cerrará su orden del día antes del 16 de julio, lo que imposibilita incluir el análisis del fallo europeo a tiempo.
Por consiguiente, el escenario procesal se traslada de forma inevitable a los meses de septiembre u octubre. Desde el tribunal de garantías se subraya que la sentencia del TJUE resultará fundamental y marcará las pautas para resolver el recurso de Puigdemont, una decisión que se anticipa crucial para su posible regreso a España.
Un proceso que requerirá tiempo
Una vez que la corte europea publique su veredicto, los magistrados del Tribunal Constitucional estudiarán su fundamentación jurídica para acordar los pasos a seguir. Fuentes internas advierten que esta tramitación «llevará su tiempo» y que los plazos exactos dependerán exclusivamente del contenido del fallo de Luxemburgo.
A favor de las tesis de la defensa se sitúa el informe emitido el pasado 13 de noviembre por el abogado general del TJUE, Dean Spielmann. En sus conclusiones (que no son vinculantes, aunque suelen coincidir con el veredicto final en la gran mayoría de los casos), Spielmann avaló la Ley de Amnistía argumentando que la norma se diseñó en un «contexto real de reconciliación política» y concluyendo que no existe una relación directa entre los gastos del procés y un perjuicio real a las finanzas de la Unión Europea, un criterio opuesto al del Tribunal Supremo.
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Respaldo de la Fiscalía y situación actual
En el panorama nacional, tanto la Fiscalía General del Estado como la Abogacía del Estado se han alineado a favor de otorgar el amparo a Puigdemont. Ambas instituciones consideran que el Supremo debió haberle aplicado la amnistía y han tildado de «irrazonable y arbitraria» la interpretación del alto tribunal para esquivar la norma en el delito de malversación.
No obstante, las fuentes jurídicas recuerdan que, incluso en el caso de que el Constitucional dicte una sentencia favorable al líder de Junts en otoño, la competencia de ejecutar la orden y levantar las medidas cautelares seguirá correspondiendo estrictamente al Tribunal Supremo.
Mientras se resuelve este calendario en los tribunales, Carles Puigdemont continúa sin poder regresar a territorio español. El pasado mes de enero, el Tribunal Constitucional ratificó, por una abrumadora mayoría de 10 votos contra 1, mantener vigente la orden nacional de detención que pesa sobre él en tanto se resuelve definitivamente el fondo de su recurso de amparo.
