Las asociaciones militares califican la medida de «insuficiente» y denuncian la impotencia de las tropas, que piden ser reconocidas como agentes de la autoridad y contar con armamento reglamentario.
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CEUTA.— La decisión del Ejecutivo central de dotar a las tropas desplegadas en Ceuta con sprays de gas pimienta ha generado una oleada de malestar en las Fuerzas Armadas. La medida, orientada a dotar de medios de autodefensa a los efectivos que custodian calles y zonas comerciales tras los recientes episodios de violencia en la ciudad autónoma, ha sido tachada de «blanda e insuficiente» por el propio colectivo militar.
Según informaciones publicadas por OKDIARIO, la instrucción ya ha sido trasladada a las unidades, aunque aún no se ha hecho efectiva. Los agentes desplegados critican que, mientras las patrullas en la Península cuentan con su armamento individual completo, en Ceuta han estado operando principalmente con defensas (porras) y un único fusil compartido para grupos de hasta seis efectivos, una limitación que solo ha comenzado a flexibilizarse de forma parcial en los últimos días.
Agresiones, bajas médicas y falta de cobertura jurídica
El descontento entre los militares se ha agudizado a raíz de graves incidentes recientes. Entre ellos destacan la luxación de rodilla sufrida el 9 de septiembre por un efectivo al intervenir en un robo violento a las puertas de un supermercado, o la fractura de peroné registrada el 12 de septiembre tras un ataque directo, requiriendo ambos lesionados su evacuación médica al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid.
Desde la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), su presidente, Marco Antonio Gómez, denuncia el «agotamiento psicológico» y el «desamparo» de las tropas. El colectivo incide en que la falta del rango de agentes de la autoridad limita legalmente su capacidad de actuación a la mera retención de los agresores, impidiéndoles realizar detenciones o identificaciones formales y dejándolos expuestos a eventuales consecuencias judiciales por sus intervenciones.
«Es fundamental que los efectivos dispongan de una seguridad jurídica adecuada antes de asumir tareas en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», señalan desde ATME para exigir el reconocimiento urgente como profesión de riesgo.
Movilizaciones históricas y cambios en la identificación
La tensión en la ciudad autónoma motivó una concentración de más de 1.500 personas —entre militares, guardias civiles, policías y vecinos— para exigir mayores medidas de protección e incentivos de seguridad. Paralelamente a la entrega del gas pimienta, Defensa ha autorizado una modificación en la uniformidad: los efectivos dejarán de llevar su nombre completo en las «galletas» del pecho y exhibirán únicamente su empleo militar, una medida adoptada para salvaguardar su privacidad y la de sus familias ante posibles represalias.




