CEAR, Oxfam e Irídia, entre otras entidades, advierten de que la norma crea un «régimen de excepción» retroactivo que pone en riesgo el principio de no devolución y la tutela judicial de los migrantes.
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MADRID / CEUTA — Un bloque formado por doce organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos humanos y la atención al colectivo migrante ha exigido este martes al Gobierno de España la retirada inmediata del borrador de real decreto ley diseñado para agilizar las devoluciones y expulsiones en Ceuta. A través de un manifiesto conjunto, las entidades alertan de las «fatales consecuencias» que la norma tendría sobre el derecho de asilo y la protección internacional en la frontera sur.
La declaración compartida —suscrita por organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Oxfam Intermón, Irídia, Red Acoge, el Servicio Jesuita a Migrantes y la APDHA, entre otras— denuncia que el texto proyectado por el Ejecutivo establece en la práctica un «régimen de excepción por razón de lugar y tiempo». Además, critican que pretenda aplicarse con carácter retroactivo a todas las personas que hayan formulado su petición de protección a partir del 30 de julio de 2026, fecha clave en el inicio del repunte de la presión migratoria en la ciudad autónoma.
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Amenaza al principio de no devolución y trabas al asilo
El principal foco de preocupación expresado por los colectivos radica en la posible quiebra del principio de non-refoulement (no devolución), amparado por la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las entidades advierten de que el articulado contempla supuestos donde la sola solicitud de asilo no paralizaría la expulsión ni garantizaría la permanencia cautelar en suelo español mientras se tramita el expediente, exponiendo a los solicitantes a ser retornados a países donde su vida o integridad física corran peligro.
Asimismo, las ONG denuncian las severas restricciones temporales que fija el borrador para solicitar protección internacional. En concreto, el decreto prevé la inadmisión directa de aquellas solicitudes registradas transcurridos siete días desde la notificación de la orden de devolución o denegación de entrada. Un plazo que consideran inasumible dada la saturación del sistema en Ceuta, la falta de información adecuada a los recién llegados y los retrasos detectados en los triajes policiales y sanitarios.
Recortes en la tutela judicial efectiva
Otro de los puntos críticos señalados en el manifiesto es la reducción drástica de las garantías procesales. La norma impone un margen de solo cinco días naturales para interponer recurso ante resoluciones desfavorables, un plazo inferior al que contempla el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo.
A juicio de las organizaciones firmantes, disponer de cinco días naturales imposibilita articular una defensa letrada efectiva a través de la asistencia jurídica gratuita, impidiendo que los abogados de oficio puedan estudiar el expediente, entrevistarse con garantías con los afectados y contar con el servicio de interpretación lingüística necesario. Por todo ello, instan al Gabinete a dar marcha atrás y adaptar el marco comunitario sin mermar las garantías constitucionales e internacionales en la divisoria ceutí.
