Isabel López arremete ante las víctimas contra la falta de independencia del organismo estatal que analiza la catástrofe ferroviaria de Córdoba y exige que se respete el criterio técnico: «Nos gustaría que saliese la verdad».
La investigación técnica sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que el pasado 18 de enero se cobró la vida de 46 personas, saltó este jueves por los aires en el propio Congreso de los Diputados. Durante una jornada de trabajo con asociaciones de afectados por grandes tragedias, Isabel López, investigadora de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunció abiertamente ante las familias de los fallecidos la falta de transparencia e independencia de los organismos oficiales y reveló que los informes periciales sufren alteraciones de calado al llegar a las instancias superiores.
«Las cosas no se han hecho como se tenían que haber hecho, somos muy conscientes», afirmó la perito desde la tribuna del público, rompiendo la disciplina institucional para trasladar un mensaje consensuado por el propio equipo de investigadores. «En muchas ocasiones, los informes técnicos realizados para descubrir las causas del accidente se modifican cuando llegan a instancias superiores», aseveró López ante la mirada del presidente de la entidad investigadora, reclamando la necesidad de blindar el criterio profesional: «Es la única garantía de que nuestro trabajo no está al servicio de nadie, de ninguna entidad».
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El carril roto de la tragedia, aún bajo custodia sin analizar
Las graves acusaciones vertidas en la Cámara Baja reabren la cicatriz del siniestro en el que un tren Alvia con destino a Sevilla colisionó con un convoy de Iryo que había descarrilado instantes antes en la vía paralela. El descarrilamiento se produjo exactamente en el punto de soldadura que unía dos tramos de vía instalados con tres décadas de diferencia. Pese a que las evidencias iniciales señalaron una fractura en el carril, tanto el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente como el gestor de infraestructuras Adif negaron tajantemente dicha hipótesis.
La gestión informativa del departamento del ministro Puente provocó en su día un profundo malestar en el sector, desembocando en convocatorias de paros generales que solo se desconvocaron tras el compromiso de elevar el gasto en mantenimiento de la red. A día de hoy, casi nueve meses después de la tragedia, la pieza defectuosa del carril sigue custodiada sin haber sido remitida a un laboratorio especializado para su peritaje definitivo.
Explicaciones de la AITAT y advertencia por represalias
Ante el contundente testimonio de la investigadora, el presidente del AITAT —organismo en el que se integró la CIAF el pasado mes de julio para unificar la investigación de accidentes terrestres, marítimos y aéreos—, Gonzalo Julián Guillén, negó la falta de transparencia y pidió margen de maniobra al alegar que la entidad apenas ha dispuesto de tres meses para articular su estructura funcional.
Sin embargo, la desconfianza entre las familias afectadas es absoluta. Mario Samper, presidente de la asociación de víctimas de Adamuz, reprochó la paralización de los avances y exigió la publicación inmediata de recomendaciones oficiales para prevenir nuevos descarrilamientos. Por su parte, Jesús Domínguez, portavoz de las víctimas del accidente de Angrois, advirtió a la perito sobre las posibles represalias profesionales que podría sufrir por destapar estas irregularidades, recordando el precedente de otros investigadores que fueron apartados de sus responsabilidades tras cuestionar las tesis oficiales de la Administración.
