Antonio López califica de «posible ilegalidad» la resolución firmada por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, tras la investigación interna que acreditó trabajos incompatibles con su función pública.
El expresidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía y hasta ahora consejero del órgano fiscalizador a propuesta del Grupo Socialista, Antonio Manuel López Hernández, ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones legales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El recurso busca impugnar la «posible ilegalidad» de su cese, firmado por la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Mestre, tras acreditarse que realizó actividades incompatibles con su cargo público, entre las que se encuentra la prestación de asistencia legal y técnica no autorizada a Begoña Gómez en la causa penal que investiga las presuntas irregularidades en la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
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La expulsión de López del órgano de control del gasto público autonómico se produce tras determinarse que incumplió los deberes inherentes a su responsabilidad institucional al simultanear su cometido en la Cámara de Cuentas con trabajos externos. La resolución institucional formalizada por la Presidencia de la Cámara legislativa responde a la existencia de hasta «seis situaciones» que encajan en los supuestos de «incompatibilidad sobrevenida» contemplados para el puesto para el que fue reelegido en el año 2021 a iniciativa del PSOE.
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Denuncia de vulneración de la inamovilidad e invasión de competencias
A través de un comunicado, Antonio López ha manifestado su «más absoluto rechazo» ante una resolución que considera «contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución». El exdirigente de la entidad de fiscalización ha anticipado que solicitará ante el TSJA la medida cautelar de suspensión de su cese, argumentando que los consejeros de la Cámara de Cuentas gozan de la garantía legal de «inamovilidad durante su mandato» tras ser designados por el Pleno de la Cámara legislativa mediante una mayoría cualificada.
En su argumentación defensiva, López sostiene que la decisión de la Presidencia del Parlamento adolece de invalidez procedimental al no haber sometido la destitución al criterio del órgano que lo eligió. Según expone el expedientado, el acuerdo de la Cámara de Cuentas que avaló su incompatibilidad «no fue adoptado por unanimidad, sino únicamente con el respaldo de cuatro de los siete consejeros que integran su Pleno, precisamente los propuestos por PP y Vox». A su juicio, resulta de «extraordinaria gravedad» que haya sido cesado «por la decisión de una sola persona, su presidenta, sin que el Pleno del Parlamento haya podido siquiera pronunciarse».
Impugnación de la vía reglamentaria utilizada para la expulsión
El escrito que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuestiona asimismo la fundamentación reglamentaria empleada por la institución fiscalizadora. López subraya que el propio acuerdo emitido por la Cámara de Cuentas reconoce que el Reglamento en vigor no encomienda de forma explícita a su Pleno la facultad para declarar las causas de cese por incompatibilidad sobrevenida, acusando al órgano de pretender «justificar su actuación mediante una interpretación de la normativa y la referencia a disposiciones de un reglamento anterior ya derogado».
El consejero destituido advierte de que el procedimiento aplicado sienta un «precedente institucional de enorme preocupación» que podría vaciar de contenido la independencia de los miembros de los órganos de control externo frente a eventuales interferencias políticas. López concluye que acude a la jurisdicción contencioso-administrativa con la confianza de que las instancias judiciales «restablezcan la legalidad y garanticen el respeto a los principios de competencia, independencia institucional e inamovilidad» que rigen en la fiscalización del gasto público andaluz.
