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CASTELLÓN. — Casi treinta años después de que se originaran las primeras denuncias falsas, la Audiencia de Castellón acoge desde este mes de octubre el juicio contra seis personas acusadas de difundir el conocido como bulo del ‘Bar España’. El procedimiento, que se desarrollará a lo largo de seis sesiones entre el 16 y el 26 de octubre, busca depurar responsabilidades penales y civiles por presuntos delitos contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.
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La causa no reabrirá la investigación sobre la inexistente red de pederastia —un extremo que quedó descartado por la justicia hace años—, sino que se centrará estrictamente en el impacto y los daños causados a decenas de personas señaladas públicamente por este relato conspiranoico.
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De un conflicto familiar a la teoría de la conspiración
El origen del caso se remonta a 1997 en la localidad castellonense de Benicarló. Tras ser desestimada una denuncia por presuntos abusos planteada por Reinaldo Colás (fallecido en 2017), este comenzó a difundir, junto al supuesto criminólogo Antonio Toscano, que sus hijas habían sido captadas por una red secreta de pederastia que operaba en un local de carretera situado junto a la N-340, el Bar España.
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Con el tiempo, y alimentado por la recopilación de testimonios grabados y la eclosión de las redes sociales, el relato fue añadiendo elementos de ritos satánicos, sacrificios y conspiraciones de escala nacional. La narrativa llegó a vincular falsamente la trama con crímenes como los de Alcàsser o Macastre, señalando además a destacados responsables políticos de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, entre los que figuran Francisco Camps, Mónica Oltra, Carlos Fabra y Gabriela Bravo.
Más de treinta testigos y responsabilidades civiles
A pesar de que el propio Colás fue condenado en su día por denuncia falsa y calumnias, la historia continuó circulando de forma viral en la esfera digital durante décadas, derivando en un acoso sistemático a representantes públicos y del estamento judicial.
En la vista oral que arranca en la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Castellón está prevista la declaración de más de una treintena de testigos, incluidos varios de los exdirigentes políticos afectados. Además de los seis procesados, en el procedimiento figura como responsable civil el editor de un medio digital desde el que se dio cobertura y difusión a las acusaciones falsas.
