Gabriel Rufián e Irene Montero, han defendido este martes la continuidad de un Gobierno liderado por el PSOE tras las urnas, aunque condicionado y «sometido» por las formaciones situadas a su izquierda.
Durante su intervención conjunta en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano, ambos dirigentes han hecho un llamamiento al «voto útil» del electorado progresista con el objetivo de impulsar medidas de mayor calado en la próxima legislatura. La comparecencia televisiva se ha producido tras la alianza alcanzada entre ambas formaciones para concurrir en listas compartidas en las circunscripciones catalanas ante la cita electoral.
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Alianzas de la izquierda, el adelanto electoral y el temor a una mayoría de PP y Vox
Durante la entrevista, Gabriel Rufián ha argumentado la necesidad de que el bloque progresista mantenga la capacidad de influir sobre el Ejecutivo socialista. «Yo quiero repetir el actual Gobierno, es decir, que gobierne el PSOE, controlado y sometido por formaciones como Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, BNG, Compromís o Frente Amplio», ha declarado el portavoz de ERC. El dirigente catalán ha aclarado la postura de su partido señalando que desea un buen resultado para los socialistas pero matizando que no trabaja para dicha formación, haciendo hincapié en que existe un sector del electorado progresista que busca alternativas fuera del PSOE.
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Asimismo, ambos dirigentes se han pronunciado sobre el desenlace de las negociaciones para articular una lista única de todas las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Rufián ha admitido la dificultad de no haber logrado un entendimiento global, explicando que el anuncio del adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno condicionó los tiempos de diálogo. Por su parte, Irene Montero ha detallado que Podemos propuso la realización de primarias para cerrar un pacto, si bien ha criticado la posición de Sumar y su cercanía con el PSOE, sosteniendo que la izquierda debe mantener un perfil propio e independiente para exigir transformaciones sociales. En esta línea, Rufián ha llamado a superar los desencuentros y ha alertado sobre las consecuencias que tendría un hipotético Ejecutivo de PP y Vox con una amplia mayoría parlamentaria en materia de servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones.
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Propuestas socioeconómicas, crisis de la vivienda y discrepancias sobre inmigración
La problemática de la vivienda ha constituido uno de los ejes centrales del debate en el plató. Rufián ha subrayado que la situación habitacional representa un riesgo directo para la estabilidad del Ejecutivo y ha abogado por endurecer la fiscalidad sobre los propietarios que acumulan inmuebles con fines especulativos. Por su parte, Irene Montero ha expuesto las propuestas de su formación, que incluyen una rebaja del 40% en los precios del alquiler, la prohibición de la especulación inmobiliaria, la limitación de la compra de inmuebles únicamente para uso residencial bajo la premisa de «una familia, una casa», y la expropiación del uso de viviendas en manos de fondos buitre para destinarlas al alquiler social.
Junto a la materia habitacional, la candidata de Podemos ha planteado incrementar el salario mínimo hasta los 1.800 euros, reducir la jornada laboral a 30 horas semanales y abordar la expropiación o nacionalización de empresas en sectores estratégicos como la energía, la alimentación y la vivienda, asegurando que su espacio político es el único dispuesto a ejecutar tales medidas. En el bloque relativo a la inmigración ha surgido una discrepancia entre ambos invitados. Mientras Rufián ha calificado la llegada de migrantes a determinados barrios como un «reto innegable» que la izquierda debe abordar con claridad, Montero ha mostrado su desacuerdo, argumentando que situar el foco en las personas migrantes distrae la atención sobre los fondos de inversión y los pisos turísticos como verdaderos causantes de la tensión en los barrios. La intervención de ambos políticos se encuadra en la serie de entrevistas a candidatos iniciada por el programa con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.











