El pasado 23 de septiembre, la Comisión Europea presentó su propuesta de Nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, el primer paso para desarrollar una política común europea tras cinco años en los que los Estados miembros han demostrado su incapacidad y su falta de voluntad para dar respuesta a los crecientes flujos migratorios desde una perspectiva de los derechos humanos
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Había muchas expectativas puestas en el nuevo documento que iba a trasladar las autoridades europeas a los 27 Estados miembros que aún tienen que ratificarlo. Sin embargo, la esperada propuesta supone una «nueva decepción y otra oportunidad perdida» para establecer criterios de solidaridad y responsabilidad compartida, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) al poner el foco principalmente en medidas para facilitar el retorno y la externalización de fronteras, dejando en un segundo plano la protección de las personas migrantes y refugiadas.
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Principales claves
1. Procedimiento acelerado en frontera. Se pretende reforzar el control de entrada y aplicar un criterio de nacionalidad para examinar rápidamente las solicitudes de asilo de personas procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento, «lo que es discriminatorio y totalmente contrario a la esencia del derecho de asilo. Supondría una merma en las garantías, incumplimientos graves del principio de no devolución y un uso excesivo de la detención. En cualquier caso, no se aplicaría a niños y niñas no acompañadas ni a familias con niños menores de 12 años, y las situaciones de vulnerabilidad se valorarían caso por caso», denuncian desde CEAR.
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2. Solidaridad a la carta. Se facilita a los Estados la posibilidad de elegir entre reubicación desde los principales países de entrada o patrocinar los retornos a países de origen o tránsito a través de apoyo técnico o económico. Además, la Comisión invita a establecer un grupo de trabajo para dar respuesta a los rescates en el mar y desembarcos en puertos europeos.
3. Externalización y retornos. Se pretende devolver o mantener a las personas en terceros países, en los que no se garantiza su protección. La consecuencia es «el grave impacto negativo en derechos humanos, como ocurre con el acuerdo UE-Turquía» aseguran.
4. Control de fronteras. La propuesta hace hincapié en incrementar la eficacia de la gestión de fronteras exteriores de la UE. Para ello, «se reforzaría Frontex con un cuerpo permanente de más de 10.000 efectivos que se desplegaría a partir del 1 de enero de 2021».
5. Vías legales y seguras condicionadas. Aunque la propuesta hace referencia al impulso de los programas de reasentamiento de personas refugiadas desde terceros países, también señala la posibilidad de promover la captación de talento desde países de origen, lo que supondría «imponer una visión utilitarista en la gestión migratoria y provocaría la fuga de cerebros desde países empobrecidos».
Por todo ello, CEAR considera que el Nuevo Pacto de Migraciones y Asilo de la UE «no supone un nuevo comienzo sino más de lo mismo, que no pone remedios a los fallos evidenciados desde 2015 y sigue incidiendo en todo aquello que no ha funcionado en términos de derechos».
“Es desolador ver como los países que se niegan a acoger personas refugiadas y migrantes han vuelto a ganar la batalla llegándose incluso a facilitar un menú a la carta para que los Estados puedan elegir entre patrocinar repatriaciones o asumir reubicaciones de personas, lo que traiciona la esencia del Pacto de Migraciones de la ONU. Europa de nuevo suspende en Derechos Humanos y lo peor de todo es que no se avergüenza de ello”, señaló Estrella Galán, directora general de CEAR, tras conocer la propuesta.
