La Ciudad rescinde de los servicios del SAMU después de que CCOO denunciara ante la Policía que los trabajadores de esta empresa no están habilitados por el Ministerio del Interior para prestar servicios de Seguridad Privada en los centros y albergues de acogida de los menores migrantes, lo que puede suponer “un grave riesgo” para los trabajadores y los propios usuarios
Comisiones Obreras de Ceuta ha interpuesto ante la Dirección General de la Policía una denuncia contra la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Fundación SAMU porque los trabajadores de esta última empresa, actual adjudicataria para prestar los servicios de seguridad en los centros y albergues de acogida de menores, no están habilitados para ese trabajado, por lo que se está incumpliendo la Ley.
Como explican en su denuncia, la Ciudad Autónoma de Ceuta gestiona los centros y albergues de acogida de menores ubicados en Ceuta, tales como los de Pinniers, La Esperanza II y Santa Amelia, donde antes se prestaban servicios de seguridad privada, mediante vigilantes de seguridad, habilitados por el Ministerio del Interior y encuadrados dentro de empresas de Seguridad homologadas por el mismo Ministerio.
La Ciudad rescindió los trabajos de las empresas de Seguridad, para encomendar las funciones propias de los vigilantes de seguridad a la Fundación SAMU, pero dichos servicios “los presta mediante personal que carece de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior para prestar servicios de Seguridad Privada, como marca la Ley 5/2014, de 4 de abril de Seguridad Privada”.
SAMU ofertaba estas “plazas en redes sociales y páginas de búsqueda de empleo como auxiliares de control con las siguientes funciones a desempeñar: establecer el control de los accesos, recinto, perímetro y llevas; controlar la circulación de los menores, auxiliando a los educadores en la prevención de infracciones de las normas de los centros de acogida de menores; y establecer el orden, urbanidad y correcto comportamiento con los medios materiales de las instalaciones”.
Estas funciones, indican desde CCOO, “son propias de los vigilantes de seguridad según lo establecido en la Ley de Seguridad y en su Reglamente que la desarrolla”. “Tanto la empresa como la Ciudad Autónoma son conscientes del incumplimiento de la ley de Seguridad Privada por lo que estos hechos son gravísimos ya que puede suponer un grave riesgo para los trabajadores y trabajadoras del centro de menores, así como a los propios usuarios”.
Comisiones Obreras “entiende que esta denuncia ha hecho entrar en razón a la Ciudad Autónoma, quien anuncia que rescinde los servicios de SAMU para prestar servicio de vigilancia en los centros de menores”.
Esta organización sindical “urge a la Administración a que saque a la mayor brevedad posible el concurso público para adjudicar el servicio de vigilancia de seguridad privada, y que la empresa adjudicataria tenga todas las homologaciones requeridas por la legislación en materia de seguridad privada, así como que sus trabajadores dispongan del título profesional de vigilante de seguridad expedido por el Ministerio del Interior”.
