El ministro del Interior volvió a defender, esta vez ante el Congreso de los Diputados, el uso de la violencia en las fronteras y las ‘devoluciones en caliente’ durante los trágicos sucesos del 24 de junio en la frontera entre Melilla y Nador. Además, criminalizó a las víctimas para justificar aquella terrible actuación que se saldó con la vida de al menos una treintena de personas inocentes
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Tres meses después de los hechos, Fernando Grande-Marlaska compareció ante el Congreso para explicar los trágicos hechos ocurridos el pasado 24 de junio, cuando al menos 37 personas fallecieron y decenas resultaron heridas en un intento de salto de valla en Melilla.
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En su intervención, el ministro del Interior respaldó el comportamiento de la gendarmería marroquí y «el uso de la fuerza oportuno y proporcional de las fuerzas de seguridad” españolas ante un «intento violento de entrada irregular» de un grupo «extremadamente violento». Una afirmación que según CEAR es totalmente inaceptable teniendo en cuenta que esta actuación conjunta provocó la muerte de decenas de personas, lamentando que se trate de confundir ‘violencia’ con la profunda desesperación que sufren las personas como las que aquel día intentaron saltar la valla para buscar protección.
Devoluciones sumarias
Además, el ministro en su relato justificó las devoluciones sumarias afirmando que se realizaron “conforme a los procedimientos establecidos y al marco normativo y jurisprudencial de referencia, de aquellas personas que se interceptaron intentando entrar de forma irregular y violenta en territorio nacional y antes de poder hacerlo”.
Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal Constitucional y el propio precepto del rechazo en frontera establecen que debe hacerse bajo el pleno respeto de la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional. Esto implica el acceso a un procedimiento con garantías que asegure el acceso a asistencia legal e interprete, así como a la identificación de personas en situación vulnerable que puedan mostrar voluntad de solicitar asilo. Algo que según la CEAR no se cumple desde el momento en el que se devuelve de manera automática a la persona, sin dar ni siquiera la oportunidad de que pueda identificarse.
CEAR lamenta esta oportunidad perdida para esclarecer lo sucedido y avanzar hacia la justicia. Al mismo tiempo recuerda que para evitar que situaciones así se repitan es necesario habilitar vías legales y seguras efectivas, así como garantizar el respeto de los derechos humanos y la normativa, tanto nacional como internacional en la gestión fronteriza.
«A las personas de origen subsahariano se les ha impedido sistemáticamente acceder a los puestos fronterizos para que puedan solicitar asilo. Tampoco pueden hacerlo en consulados o embajadas. ¿Qué alternativas les quedan para buscar refugio que no sean saltar las vallas o arriesgar sus vidas en el mar?», cuestiona Estrella Galán, directora general de CEAR.
Marruecos, ¿un socio estratégico?
Según la entidad, Marruecos ha demostrado una vez más con estos hechos no ser un «socio estratégico, leal y fiable», como describió el ministro en su comparecencia, sino un país donde las vidas de las personas migrantes y refugiadas corren peligro, se vulneran sus derechos y se les criminaliza.
«¿Pedirá el Gobierno explicaciones de este trágico suceso a Marruecos? Por la comparecencia del ministro no parece que haya intención. Sería muy grave que estas muertes quedaran impunes», lamenta la directora de CEAR, al mismo tiempo que recuerda que la mayoría de personas que intentaron llegar a España aquel día procedían de Sudán y Chad, nacionalidades con un alto índice de reconocimiento de protección internacional en nuestro país debido a los conflictos de los que huyen. «Si hubieran llegado, podrían haber sido reconocidas como refugiadas y muchas no estarían en estos momentos muertas o desaparecidas», señala Estrella Galán.
Por último, la organización recuerda que las políticas de externalización de fronteras de España y la Unión Europea no pueden ser una vía para saltarse las garantías exigidas y legitimar las vulneraciones de derechos por parte de ningún Estado. «La tragedia en Melilla no debe repetirse nunca más y no debe quedar impune, por lo que urge una investigación independiente que asegure justicia y reparación«, concluye.
