La Policía Nacional ha localizado e identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el pasado 30 de julio —fecha en la que se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos— y las 9:00 horas de este martes, 18 de agosto, según han informado fuentes del Ministerio del Interior.
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Los agentes han puesto progresivamente a estos niños y adolescentes a disposición del Gobierno de Ceuta, que se encuentra al borde del colapso asistencial tras el flujo de entre 70.000 y 80.000 migrantes registrado en los últimos dos días del mes de julio.
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El Gobierno abordará su situación con las autonomías
Los menores permanecen albergados en la ciudad autónoma a la espera de que se articulen soluciones operativas y políticas, ya sea mediante la repatriación a sus países de origen o a través de su derivación a otras comunidades autónomas para descongestionar la red de acogida local.
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Entre los menores identificados se encuentra también un grupo destacado de niños y jóvenes procedentes de países del África subsahariana como Chad o Sudán, quienes huyen de conflictos bélicos y graves crisis humanitarias, por lo que tienen derecho a solicitar protección internacional. En este sentido, la ONG Save the Children ha hecho un llamamiento especial para priorizar la atención a mujeres, niñas y adolescentes, expuestas a riesgos añadidos como matrimonios forzados, violencia sexual o redes de trata de personas.
Para buscar una salida coordinada, el Gobierno central ha convocado para la próxima semana una Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas. En la reunión se debatirá la reubicación territorial de los menores llegados a zonas tensionadas como Ceuta y se concretará la transferencia de 25 millones de euros acordada por el Ejecutivo para financiar la atención inmediata en la ciudad autónoma.
Sin embargo, el consenso se perfila complejo:
- Gobiernos autonómicos del PP: Se oponen al debate al rechazar el sistema de reparto propuesto por el Ministerio.
- Ejecutivos de coalición con Vox (Aragón, Extremadura y Castilla y León): Han rehusado participar en la mesa de negociación al rechazar de raíz la acogida de menores migrantes en sus territorios.
El laberinto legal de la devolución a los países de origen
Frente a las peticiones de retorno, la vía de la devolución no es sencilla ni inmediata. El marco legal español e internacional exige que cualquier expediente de retorno se realice mediante un estudio individualizado que demuestre que el regreso es la opción que mejor salvaguarda el «interés superior del menor».
En este ámbito se sienta el precedente fijado por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal la devolución masiva de menores ejecutada tras la crisis migratoria de 2021 en Ceuta debido a la «absoluta inobservancia» de las garantías procesales contempladas en la Ley de Extranjería.
Aunque España cuenta desde 2007 con un acuerdo bilateral con Marruecos para la repatriación concertada de menores, la jurisprudencia aclara que este convenio no exime de cumplir los trámites individuales:
- Informe socioeconómico: La Delegación del Gobierno debe recabar un informe de las autoridades del país de origen sobre la situación familiar y socioeconómica del joven para garantizar que estará adecuadamente atendido.
- Garantías del menor: El adolescente tiene derecho a ser escuchado, a contar con representación letrada (abogado) y a recurrir la decisión ante un juez si no está conforme con su retorno.
- Alternativa institucional: La ley también permite la entrega del menor a los servicios de protección del país de origen, aunque exige justificar técnicamente que la red pública extranjera ofrecerá una atención superior a la que recibiría en el sistema de protección español.
Debido a la exigencia de este procedimiento, en la práctica las devoluciones casi nunca llegan a ejecutarse de manera efectiva.
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