Hace ya un mes que esta plataforma se echó a la calle -no sin antes haber tratado de encontrar soluciones por vías más diplomáticas- para reclamar que nuestras hijas y nuestros hijos estén atendidos como las leyes de nuestro país garantizan que deben estarlo, porque eso es lo que demandamos, ni más ni menos: que nuestros/as hijos/as disfruten de sus derechos educativos con todo lo que ello conlleva.
Hace ya un mes que se nos dijo que se iban a cubrir entre 2 y 4 plazas de fisioterapeuta que debían estar cubiertas desde el inicio del curso. Pues bien, hasta la fecha solo se ha cubierto una de ellas y parecieAra que tenemos que dar las gracias y hacer reverencias. La demanda de estos profesionales no es un capricho que tengamos los/as padres/madres de estos alumnos/as, es una necesidad imperiosa, vital e inaplazable.
Hace un mes también que nos quejamos de la falta de cuidadores/as y que denunciamos evidencias de esa falta que se manifestaban de forma física en los cuerpos de nuestros/as hijos/as (y no precisamente porque llegaran manchados de “purpurina”). Parece que hicimos algo malo por contar nuestra verdad, la verdad de nuestros hijos/as, que en algunos casos no puede ser contada a través de su propio testimonio. Nos convertimos en el “enemigo” por ser el altavoz de los perjudicados en todo esto, que no son otros que nuestros niños/as. Señalamos un fallo estructural: la infradotación de personal que padece desde hace décadas el sistema educativo ceutí. Entendemos que los/as cuidadores del CEE San Antonio hacen un trabajo encomiable y que se dejan la piel para cuidar del alumnado del que son responsables. Asimismo, pretender que el “parche” que año tras año se pone a este fallo estructural con los planes de empleo sea aceptado como una solución digna por padres y madres del alumnado con necesidades educativas especiales es una broma de mal gusto, por no decir algo peor. Tergiversar nuestras quejas para tratar de enfrentar a padres/madres contra trabajadores/as es una estrategia ruin y zafia propia de quien pretende “echar balones fuera” en lugar de buscar una solución definitiva y real al problema que se denuncia.
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Mención aparte merece también la cuestión del personal de enfermería. Ya se nos ha explicado que las plazas que quedan vacante por jubilación deben reponerse sacándolas a concurso público y que eso lleva su tiempo. Lo que nos preguntamos es si se piensa hacer algo mientras tanto o no. Actualmente el CEE San Antonio cuenta con una sola enfermera en activo. Si esta persona se levanta una mañana, se encuentra indispuesta y no puede acudir a trabajar ¿Quién ocupa su función? ¿Cuántos días estarían nuestros/as hijos/as sin atención sanitaria hasta que entrase alguien a cubrir la baja? ¿Sería legal que un centro de educación especial abriese esos días sus puertas si no puede garantizar la atención sanitaria de un/a DUE?
Nos invade una sensación de impotencia y hartazgo. Y es que, para nuestra estupefacción, ante nuestras quejas, algunos de los responsables con los que tratamos parece que por lo único que se preocupan -o por lo que más- es por decir: “la culpa no es mía”. Un posicionamiento a la defensiva que nos sorprende y nos disgusta a partes iguales. Nuestro objetivo no es el de señalar a posibles culpables, sino el de encontrar soluciones que vayan un paso más allá de los clásicos repetidos hasta la saciedad de: “es que no depende de mí, esto es lo que hay” y del “para el año que viene, a ver si está la cosa mejor (spoiler: no suele pasar)”.
De poco sirven nuevas leyes y reformas educativas que vendan a bombo y platillo una apuesta por la inclusión y por la diversidad si, a la hora de la verdad, en la práctica, a nuestros/as hijos/as se les da de lado. La educación inclusiva pasa sí o sí por la dotación de recursos necesarios para llevarla a cabo. Nadie puede construir un edificio de tres plantas si solo cuenta con materiales de construcción para los cimientos. Es materialmente imposible. Eso es lo que denunciamos, ni más ni menos.
