La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por su gestión ante la pandemia.
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En concreto, CSIF considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los/as profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.
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Esta misma denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y el sindicato ya está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la administración.
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A día de hoy, más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual, EPI, (guantes, gafas, batas, mascarillas, etc.) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia. Todo ello, sin duda, pone en riesgo su salud, al estar en contacto directo a diario con población contagiada.
CSIF recuerda que el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud advirtió a los gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP) ya que los trabajadores de la atención sanitaria dependen del equipo de protección personal para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas.
El propio sindicato también ha reclamado de manera reiterada desde el inicio de la crisis que se dotase al personal de medidas de protección adecuadas por lo que nos vemos obligados, en el interés legítimo de los/as trabajadores a los que representamos a presentar esta denuncia.
