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CEAR destaca que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) son derechos humanos que deben ser garantizados, pero que actualmente existen numerosas barreras administrativas que impiden a las personas migrantes y refugiadas acceder al empleo, la sanidad, la educación o la vivienda. En Ceuta denuncian que las personas subsaharianas no tienen acceso a la Oficina de Asilo y que se siguen realizando devoluciones en caliente
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Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida digna: el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, al agua, o a la cultura. Estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19661, del que España es parte desde 1977.
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Para poder acceder a los DESC, las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas deben superar primero una serie de barreras administrativas, como empadronarse, conseguir una cita para pedir asilo o abrir una cuenta bancaria. Estos trámites esenciales a menudo se obstaculizan dejando a las personas en situación de desprotección y alargando los procesos de inclusión social.
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Además, hay que añadir otro muro invisible y muy difícil de franquear: el del racismo y la xenofobia, que junto a otras formas de discriminación que sufren estas personas, afecta a la falta de igualdad real en el acceso a todos los derechos.
Las citas de Asilo, esenciales para los derechos
Conseguir una cita para pedir asilo se ha convertido en la principal barrera para acceder a los DESC en el caso de las personas necesitadas de protección internacional. Sin esta solicitud, quedan en situación de irregularidad administrativa, sin documentación ni acceso al sistema de acogida o recursos públicos. Esto a forzado a muchas a estar en situación de calle.
Como explicó Luis Roberto, que desde que llegó de su país ha sufrido “todas las barreras”. Le intentaron cobrar 250 euros por pedir asilo y ahora deberá abandonar un curso de formación porque le piden el empadronamiento. Un derecho básico sin el que no le garantizan tarjeta sanitaria o la escolarización.
“Es muy frustrante ver como muchas personas no consiguen solicitar protección internacional y sin ello no pueden acceder a los DESC”, explicó Raquel Santos, responsable de Inclusión de CEAR. Una preocupación que compartió María Zabala, responsable de Acogida, Integración y Soluciones Duraderas de ACNUR, quien alertó del “riesgo de explotación y vulneración de derechos” en el que se encuentran las personas, “invisibilizadas”, que no están accediendo al procedimiento de asilo.
En Ceuta y Melilla, sin acceso al asilo
Otra situación muy grave se encuentra en Ceuta y Melilla, según la organización. «Tanto el Defensor del Pueblo español como la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, han manifestado recientemente que las personas subsaharianas no tienen acceso a las Oficinas de Asilo de Ceuta y Melilla para solicitar protección», apuntan en el informe.
Las únicas vías que tienen estas personas para solicitar protección internacional son saltar la valla fronteriza o llegar por mar a territorio español y así poder realizar su solicitud, una circunstancia que ha derivado en tragedias como la de Melilla el 24J de 2022.
De añadido, apuntan, «un elevado número de las personas que logran acceder al territorio de Ceuta y Melilla son expulsadas en frontera sin darles la posibilidad de acceder a los procedimientos debidos, una práctica frecuente conocida como “devoluciones en caliente” que se ejecuta sin respetar la legalidad internacional de protección de los derechos humanos. Sin acceso al procedimiento de protección internacional, tampoco hay acceso a los DESC, quedando estas personas desprotegidas y en situación de especial vulnerabilidad social».
Racismo y xenofobia
Además, enfrentan otro muro invisible y muy difícil de franquear: el del racismo y la xenofobia que, junto a otras formas de discriminación, afecta a la falta de igualdad real en el acceso y disfrute de derechos. El resultado de estas barreras es que, en España, 6 de cada 10 personas extranjeras viven en condiciones de pobreza, según un informe de EAPN.
La rueda de obstáculos que impide el ejercicio efectivo de los derechos sigue girando por la estrecha relación que hay entre el acceso y ejercicio de los DESC, y la situación de vulnerabilidad social en la que están a menudo muchas personas migrantes y refugiadas.
Sin un empleo de calidad no se puede tener una vivienda, sin la vivienda no hay acceso al empadronamiento, ni a la atención sanitaria, ni a la educación. La discriminación estructural invisibiliza y deja sin respuesta sus necesidades, empujándolas a la exclusión y haciendo que su situación se agrave.
“Tenemos que construir un discurso realista, combatir este discurso tan racista y tan xenófobo”, pidió Alfonso López, coordinador del grupo de Inclusión de EAPN. El responsable pidió la ayuda de la sociedad y las instituciones, tanto españolas como europeas, para conseguirlo
Propuestas para garantizar estos derechos
CEAR considera urgente que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales a todas las personas, independientemente de su origen. La eliminación de barreras es esencial para garantizar su inclusión social y unas condiciones de vida dignas.
Con este objetivo se ha realizado el informe Sin barreras para nadie. Un documento que el subdirector general de Programas de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Juan Valterra, valoró como una herramienta de utilidad para que las administraciones públicas tengan en cuenta todas las barreras que existen. “Se necesita un baño de realidad”, aseguró.
Desde CEAR se urge a impulsar políticas de convivencia para prevenir y combatir la discriminación en el acceso a estos derechos con un enfoque comunitario y de cercanía. Además, a diseñar políticas que faciliten el acceso a la vivienda y la inclusión de las personas extranjeras en España. Para ello, las autoridades competentes deben velar por asegurar su inclusión financiera, y facilitar y agilizar tanto los trámites de empadronamiento, como los de solicitud y formalización de asilo.
Es fundamental que se pongan en marcha programas formativos dirigidos a profesionales de la administración pública en materia de derechos humanos, migración y asilo para que puedan identificar las barreras. Y así evitar que la rueda de la discriminación y la desigualdad siga girando.
Para más información sobre estas barreras y cómo derribarlas, descubre la campaña #SinBarrerasConDerechos.
