El 71,7% de la población defiende que la igualdad del colectivo beneficia a toda la sociedad en un informe que también revela fallas estructurales y desigualdad ante la ley.
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MADRID. — El 71,7 % de la población española considera que el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+ beneficia al conjunto de la sociedad, una cifra que consolida el amplio consenso social en torno a la igualdad en España. Coincidiendo con las celebraciones del Orgullo LGTBI+, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha difundido por primera vez en su historia un estudio monográfico sobre ‘Diversidad sexual’, el cual ofrece una radiografía detallada sobre la percepción, la visibilidad y los focos de discriminación que aún persisten en el país.
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El informe constata que la visibilidad de la diversidad sexual goza de una extraordinaria aceptación popular. Casi ocho de cada diez españoles (un 79 %) valora de forma positiva o muy positiva la celebración del Día y la semana del Orgullo LGTBI+, frente a un minoritario 15 % que la valora de forma negativa o muy negativa. Asimismo, el arraigo de esta festividad es evidente: el 78 % de los encuestados es plenamente consciente de que se celebra a finales de junio, mientras que solo el 22 % afirma que es una novedad informativa.
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Una lacra persistente: insultos y agresiones en el último año
A pesar del rotundo respaldo normativo y social, el CIS enciende las alarmas sobre los niveles de hostilidad cotidiana. Más de la mitad de la población, el 53,1 %, reconoce haber presenciado a menudo situaciones de violencia verbal o física hacia personas homosexuales, bisexuales o transexuales en el último año, incluyendo insultos, burlas, amenazas, golpes, empujones o dinámicas de aislamiento social.
La investigación profundiza también en la memoria colectiva sobre el acoso verbal. El 25,3 % de los encuestados señala que a lo largo de su vida ha oído de forma frecuente insultos despectivos explictos dirigidos a este colectivo, y un porcentaje idéntico (25,3 %) afirma haber sido testigo directo de burlas o malos gestos generalizados.
Entorno laboral y familiar: la brecha de la naturalidad
El estudio del CIS pone de manifiesto que las dificultades varían sustancialmente según el colectivo y el entorno. Entre las distintas realidades, el 17 % de los encuestados percibe que las personas transexuales se encuentran en la actualidad «completamente en riesgo o muy en riesgo» en España, seguidas de los hombres gays, una preocupación compartida por el 11 % de la población.
Esta vulnerabilidad se traduce también en el grado de libertad para hablar sobre la orientación sexual o la identidad de género. Aunque el 80 % de la ciudadanía cree que una persona transexual puede expresarse con total naturalidad entre sus amigos, este porcentaje desciende al 59 % cuando se traslada al entorno familiar, y se desploma hasta el 45 % en el ámbito laboral, evidenciando que el entorno del trabajo sigue siendo el espacio más opaco y restrictivo para la visibilidad.
De acuerdo con la encuesta, las personas homosexuales (gays y lesbianas) disfrutan de una percepción de seguridad notablemente superior a la de las personas transexuales, superando en más de diez puntos porcentuales las cuotas de naturalidad registradas en todos los entornos evaluados.
Símbolos e inclusión en el espacio urbano
El análisis de la simbología revela una gran identificación popular. El 82 % de los españoles reconoce sin dudar la bandera arcoíris —emblema histórico del colectivo—, mientras que solo un 10 % confiesa no estar completamente seguro de su significado.
La presencia de este símbolo en la esfera civil cuenta con el visto bueno de la mayoría: siete de cada diez ciudadanos se muestran de acuerdo en que los comercios que exhiben la enseña transmiten un mensaje positivo de inclusión, y el 65 % sostiene que su presencia en espacios públicos es una herramienta que fomenta eficazmente el respeto a la diversidad.
No obstante, la ciudadanía traza una línea divisoria respecto al ámbito estrictamente institucional. El 54 % de los encuestados opina que el uso de banderas en las fachadas de los edificios públicos debe limitarse exclusivamente a las enseñas oficiales, una restricción que el 49 % de la población aplica de forma específica a la propia bandera arcoíris.
Desigualdad estructural en la aplicación de la ley
Más allá de la diversidad sexual, el estudio del CIS incluye un exhaustivo apartado sobre la equidad de la justicia en España, arrojando conclusiones contundentes: el 72 % de la población considera que no se da el mismo trato a todos los ciudadanos ante la ley y que existen marcadas diferencias «según de quién se trate». En esta línea, casi seis de cada diez personas (56,3 %) creen que manifestar o poseer ciertas ideas políticas puede perjudicar activamente a la hora de aplicarse la legislación.
Al analizar los factores específicos que agravan este trato de favor o desatención, la vulnerabilidad socioeconómica emerge como la principal brecha. Para el 66 % de los encuestados, tener pocos recursos es la condición que genera una mayor desigualdad ante los tribunales. La discriminación por motivos étnicos o de procedencia también registra niveles críticos: el 51,5 % apunta al origen extranjero y el 50 % a ser de etnia gitana.
Filnalmente, el género penaliza de acuerdo con el 45 % de la muestra (en el caso de las mujeres), mientras que cuatro de cada diez españoles (40 %) afirman que ser homosexual, transexual, musulmán, profesar otra religión o convivir con una discapacidad condiciona negativamente la igualdad ante la ley.
