El Consejo de Ministros ha dado luz verde este lunes a una subvención directa de 4,5 millones de euros destinada a la atención de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta. La medida busca aliviar la presión que vive la ciudad debido al colapso en el sistema de acogida, aunque la cifra queda lejos de los 11 millones de euros que el Gobierno autonómico ha calculado como coste extraordinario para afrontar esta situación.
Lee tambien: Cómo hacer mejores fotos con el móvil: consejos prácticos y trucos que funcionan
El Real Decreto aprobado incluye la propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y responde a la necesidad de garantizar una adecuada protección a los menores migrantes. Según el Ministerio, la subvención forma parte de un conjunto de actuaciones excepcionales ante la sobreocupación de los recursos de acogida y destaca la corresponsabilidad de las administraciones públicas en la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Estos fondos se destinarán a financiar actuaciones clave en ámbitos como la vivienda, el acceso a recursos educativos y la integración sociocultural de los menores. El objetivo es asegurar una respuesta eficaz desde el sistema de protección gestionado por las comunidades autónomas y garantizar los derechos fundamentales de los menores, tal y como establece el artículo 39 de la Constitución Española y diversos tratados internacionales.
Lee tambien: Cómo cuidar la voz: consejos para hablar mucho sin dañarla
Te interesa
El Ministerio subraya que la medida se alinea con el artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a promover condiciones que hagan efectiva la libertad y la igualdad. Sin embargo, desde el Ejecutivo local se insiste en que la cantidad aprobada es insuficiente para cubrir el sobrecoste que ha supuesto este año la atención a los menores extranjeros no acompañados en Ceuta, una problemática que requiere soluciones estructurales y un compromiso mayor por parte del Estado.
La protección de los menores migrantes es una prioridad reconocida tanto en la legislación española como en acuerdos internacionales, que recalcan la necesidad de garantizar su bienestar, desarrollo y derechos fundamentales. Este compromiso refuerza la responsabilidad del Estado de actuar con urgencia para atender una situación que afecta de manera significativa a Ceuta.
