El tribunal evaluará si se vulneraron los derechos fundamentales de la exfiscal general tras la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
El Tribunal Constitucional ha aceptado revisar la anulación del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo. La decisión llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo invalidara su ascenso, lo que la exfiscal general considera una posible vulneración de sus derechos fundamentales.
El órgano de garantías estudiará si los jueces de lo Contencioso infringieron los principios constitucionales durante el proceso judicial que concluyó con la invalidación de su designación. Delgado, quien fue ministra de Justicia y posteriormente fiscal general del Estado, había sido nombrada fiscal de Sala del Supremo tras su salida del cargo en 2022.
La polémica designación fue cuestionada desde distintos sectores, argumentando que el ascenso de Delgado no cumplía con los criterios de imparcialidad y mérito requeridos para el puesto. Sin embargo, la exfiscal general ha defendido que su nombramiento fue conforme a la normativa y que la decisión de los jueces supone un ataque a sus derechos fundamentales como servidora pública.
El Tribunal Constitucional deberá ahora analizar si la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo respetó las garantías procesales y los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución.
Este caso se suma a la creciente tensión en torno a las instituciones judiciales españolas, con frecuentes acusaciones cruzadas de interferencia política en las decisiones del sistema judicial.
La resolución que adopte el Constitucional podría sentar un precedente importante para futuros nombramientos en los altos cargos del sistema judicial y para la interpretación de los derechos fundamentales en los procesos contenciosos.
