El Gobierno ha establecido criterios específicos para definir quiénes califican como “influencers” bajo la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual. La medida incluye estándares basados en ingresos y seguimiento en redes, y acompaña la introducción de un cargador único USB tipo C para dispositivos electrónicos, buscando simplificar la tecnología de consumo y reducir residuos electrónicos.
El Consejo de Ministros ha aprobado una regulación que establece el criterio para definir quiénes serán considerados “influencers” bajo la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. Según el nuevo Real Decreto, un “influencer” se define por dos criterios principales: ingresos y audiencia. Para ser catalogado como tal, una persona debe ganar más de 300,000 euros anuales a través de actividades audiovisuales y tener más de un millón de seguidores en una plataforma de intercambio de video o más de dos millones de seguidores combinados en múltiples plataformas.
Este cambio busca otorgar una mayor protección a los consumidores y asegurar una competencia leal entre los proveedores de contenido, asignando responsabilidades claras a los “influencers” similares a las de otros actores del sector audiovisual. Entre estas responsabilidades, se incluye el cumplimiento de las normativas sobre protección de menores y publicidad, como la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha modificado el Real Decreto sobre la comercialización de equipos radioeléctricos para estandarizar los cargadores de dispositivos electrónicos a un modelo único USB tipo C. Esta iniciativa, que será obligatoria a partir del 28 de diciembre de 2024, apunta a simplificar el uso de distintos dispositivos y reducir el impacto ambiental al disminuir los residuos electrónicos.
Además, se ha aprobado un esquema de ciberseguridad específico para redes 5G, destacando la creación de un Centro de Operaciones 5G en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. Este esquema establece procedimientos y certificaciones para que los operadores gestionen adecuadamente los riesgos de ciberseguridad, con una inversión inicial de 15 millones de euros procedentes de fondos europeos.
