La Moncloa intenta vincular la postura migratoria del Partido Popular a la del partido de Santiago Abascal tras registrarse un aumento en las encuestas tras el proceso de regularización extraordinaria.
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MADRID.— La preocupación por el posible impacto electoral de la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta ha encendido las alarmas en el Gobierno central. El antecedente inmediato preocupa en el Ejecutivo: tras anunciarse a finales de enero un proceso de regularización extraordinaria para extranjeros en España, los sondeos reflejaron un notable crecimiento en la intención de voto hacia Vox, situándolo en máximos de la legislatura.
Ante este escenario, la estrategia argumental del Gobierno se ha volcado en desgastar al Partido Popular intentando asimilar sus posiciones sobre Extranjería con las de la formación que lidera Santiago Abascal. Portavoces gubernamentales han alertado sobre el riesgo de que las alianzas entre ambos partidos en distintas comunidades autónomas se traduzcan en recortes de subvenciones para las entidades sociales dedicadas a la atención de personas en situación irregular en la ciudad autónoma.
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Un debate polarizado que refleja división en la opinión pública
La controversia se enmarca en un contexto de amplio debate social respecto a las políticas migratorias y las concesiones de residencia legal, con marcadas diferencias en el electorado y en el marco comunitario.
- Rechazo social mayoritario: De acuerdo con los datos demoscópicos, más de la mitad de la población se ha mostrado contraria a los procesos de regularización administrativa extraordinaria. Aunque la oposición se concentra de forma abrumadora en los votantes de partidos de la derecha, el rechazo abarca también a cerca de un tercio de los simpatizantes socialistas.
- Advertencias comunitarias: En el plano internacional, dirigentes de más de una veintena de países europeos llegaron a advertir en una misiva conjunta que las regularizaciones masivas pueden generar un «efecto llamada».
- Excursión de la regularización: Con el fin de contener el alcance de la entrada masiva sufrida en la frontera marítima a finales de julio, el Ministerio del Interior ha dejado claro que ninguna de las personas que haya accedido a Ceuta de forma irregular será regularizada ni trasladada a la Península.
