La falta de efectivos policiales frena las identificaciones y la tramitación de las miles de solicitudes de asilo tras la reciente crisis migratoria, augurando un colapso administrativo que podría dilatarse durante años.
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MADRID.— La conocida como «operación traslado», puesta en marcha para gestionar la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, se encamina hacia una dilatada odisea burocrática. Tres semanas después de la llegada sin precedentes vivida a finales de julio, la escasez de funcionarios policiales para realizar los triajes e identificaciones iniciales mantiene paralizada la maquinaria administrativa, augurando una resolución de expedientes que tardará años en completarse.
La lentitud del sistema no es nueva. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional continúa resolviendo a día de hoy recursos presentados por la anterior gran oleada migratoria de mayo de 2021. Las sentencias dictadas en los últimos meses rechazan de forma sistemática la protección internacional a ciudadanos marroquíes que argumentan motivos económicos o la búsqueda de un mejor nivel de vida, alegaciones que la ley contempla fuera de los supuestos de asilo (reservados a la persecución individualizada por raza, religión, política u orientación sexual).
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| Indicador / Aspecto | Datos clave del procedimiento |
| Tasa de concesión de asilo a marroquíes | Entre el 5,4% (2025) y el 6% (2026), según CEAR. |
| Tiempo medio de respuesta definitiva | Unos 18 meses por la vía administrativa (sin contar recursos contenciosos). |
| Ritmo actual de expedientes en Ceuta | De 25 a 30 al día tramitados por la Policía Nacional. |
| Menores bajo protección | Se estiman entre 2.400 y 2.500, una cifra tildada de «inasumible». |
Un embudo asistencial y policial
La falta de medios se ha convertido en el principal cuello de botella de la crisis. Según fuentes sobre el terreno y del propio Gobierno autonómico, la capacidad operativa actual —limitada a unas ocho entrevistas diarias de asilo por parte de CEAR y una treintena de expedientes de devolución tramitados por la Policía Nacional— haría necesario «al menos un año» solo para procesar a las personas llegadas recientemente. Sin este triaje previo resulta imposible tanto formalizar la petición de protección como iniciar el retorno a los países de origen.
Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones defiende que el realojo en las 1.800 plazas habilitadas en Ceuta acelerará la confección de expedientes, la presión en las calles persiste: horas después del desalojo inicial en la playa del Trampolín, cerca de medio millar de magrebíes volvieron a instalarse en la zona. Mientras que las solicitudes de ciudadanos marroquíes —que representan cerca del 80% del total— son denegadas en más del 94% de los casos, la presencia de nacionales de países en conflicto como Sudán, Yemen o Palestina sí requerirá una tramitación prioritaria ante sus altos índices de concesión de refugio.
