El único hospital público de Ceuta ha remitido al juzgado de guardia al menos una veintena de partes médicos emitidos por inmigrantes que aseguran haber sufrido lesiones provocadas por militares. Las denuncias incluyen el nombre de la víctima, su diagnóstico y su relato, en los que se declara que los agresores fueron miembros del Ejército que patrullaban la ciudad. Uno de los partes corresponde a un varón de 30 años atendido en urgencias con un politraumatismo y lesiones compatibles con golpes de objetos alargados; otro, a un menor de 17 años con una herida en la espalda “con apariencia de un golpe con cinturón”.
En todos los casos, los inmigrantes relatan agresiones ocurridas en espacios públicos. El hospital conserva el original y una copia va al historial clínico del paciente, mientras que otra copia se envía al juzgado. Esto responde a la obligación legal de los médicos de urgencias de poner en conocimiento judicial cualquier indicio de delito como lesiones, violencia sexual o hacia menores.
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Estas piezas médicas podrían desbloquear la investigación judicial que hasta ahora enfrentaba problemas de credibilidad por la falta de documentación y anonimato en los testimonios. Las denuncias de Amnistía Internacional, basadas en 22 testimonios, habían denunciado malos tratos y torturas tras la entrada masiva a Ceuta de más de 70.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio.
El Ministerio de Defensa ha iniciado una investigación interna por orden de la ministra, Margarita Robles, para “dilucidar posibles responsabilidades individuales”. Además, el departamento ha remitido tanto el informe de Amnistía Internacional como otros audios que circularon en medios de comunicación al juzgado y a la Fiscalía de Ceuta.
Marco legal para los partes de lesiones con indicios de delito
La legislación española obliga a los profesionales sanitarios a redactar partes de lesiones cuando detectan signos de agresión e indicios de delito. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dichos informes deben incluir datos fundamentales: identidad del paciente, diagnóstico, fecha de atención, descripción de las lesiones y la declaración de la víctima si acusa directamente a otra persona.
En casos en que se considere necesario, estos partes deben remitirse al juzgado competente. Esta obligación también aparece en normativas relativas a centros de internamiento de extranjeros, aunque en este tipo de situaciones en Ceuta lo que actúa es el hospital público dependiente del Ingesa, no un centro cerrado.
Situación en Ceuta y el contexto reciente
A finales de julio de 2026 más de 70.000 personas inmigrantes entraron irregularmente en Ceuta desde Marruecos, lo que incrementó la presencia de patrullas militares para labores de vigilancia en la ciudad.
Amnistía Internacional ha documentado casos de golpes, humillaciones, agresiones sexuales y expulsiones sumarias atribuidas a soldados, incluso a unidades específicas como Regulares y La Legión, basándose en relatos con fotografías, vídeos y audios.
Además, el relator especial de la ONU sobre tortura ha pedido que la investigación sea “pronta, efectiva e independiente”, advirtiendo de la gravedad de las alegaciones, especialmente cuando podrían constituir tortura según el derecho internacional.
