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MADRID — La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado este lunes su decisión de levantar las órdenes de detención que pesaban sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig.
El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, ha desestimado el recurso interpuesto por Vox contra dicha medida y ha procedido a aplicar a los exdirigentes independentistas la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en relación con la amnistía para el delito de malversación, sentada a raíz del amparo otorgado a la exconsellera Dolors Bassa.
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Claves de la resolución judicial
- Aplicación de la doctrina del Constitucional: A pesar de que el magistrado instructor ha manifestado abiertamente su discrepancia con el criterio del órgano de garantías —sosteniendo firmemente su tesis de que la malversación debería quedar excluida de la ley de amnistía—, se ha visto obligado a acatar y aplicar la jurisprudencia constitucional.
- Fin a nueve años de pulso judicial: Esta decisión del Tribunal Supremo zanca de forma definitiva un enfrentamiento judicial e internacional que se prolongaba durante nueve años, desde que Puigdemont se trasladó a Bélgica a finales de octubre de 2017 ante las querellas de la Fiscalía.
- Cierre de la vía de extradición: Desde la entrada en vigor de la ley de amnistía en el verano de 2024, Llarena había intentado mantener vivas las órdenes de captura para lograr su enjuiciamiento en España. Sin embargo, la directriz del Constitucional sobre los casos de malversación ha obligado al instructor a cerrar definitivamente esta puerta procesal.
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