El exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión por un delito contra la Hacienda pública. Esta sentencia se debe a la ocultación de casi 4,5 millones de euros que su hijo, Alejo Morodo, obtuvo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
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Durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, Alejo Morodo también aceptó una pena de dos años de cárcel por dos delitos fiscales. Este acuerdo se alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación del colectivo Manos Limpias, lo que permitió reducir las penas inicialmente solicitadas.
La Fiscalía había pedido tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo. Sin embargo, tras el acuerdo, se aplicaron circunstancias atenuantes como la confesión de los hechos y la reparación del daño, ya que ambos ingresaron 1.410.000 euros de la deuda contraída con Hacienda.
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El juicio continúa para Ana Catarina Varandas, esposa de Alejo Morodo, quien enfrenta una petición de ocho años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía, aunque la Abogacía del Estado ha retirado su acusación.
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por Alejo Morodo y otros investigados, incluyendo a su esposa y dos socios venezolanos. Uno de estos socios, Juan Carlos Márquez, fue hallado muerto en Madrid en un aparente suicidio tras declarar sobre estos hechos.
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El sistema empleado consistió en interponer tres sociedades instrumentales para facturar formalmente servicios de asesoramiento legal y consultoría, eludiendo así el pago del IRPF y optando por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.
La Fiscalía acusa a Raúl Morodo de defraudar las ganancias percibidas a través del patrimonio de dos de estas sociedades, aunque solo por los ejercicios de 2013 y 2014, ya que los anteriores están prescritos.
El origen de los fondos ocultos por Alejo Morodo proviene de su relación contractual con PDVSA, aprovechando las conexiones que su padre estableció con altos cargos venezolanos durante su mandato como embajador bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según la Fiscalía, la actividad prestada para PDVSA generó más de 6,6 millones de euros, de los cuales una parte benefició a Raúl Morodo. El sistema de cobro de fondos de PDVSA involucraba transferencias entre las empresas interpuestas de Alejo Morodo y su padre, además de una sociedad creada en 2007, Morodo Abogados, que carecía de actividad comercial real.
Esta sociedad declaró ingresos por 467.832 euros entre 2013 y 2014, sin que se conozcan los servicios prestados, según explicó la fiscal.
