El líder del PP exige que el próximo fiscal general cuente con el aval del CGPJ y esté libre de vínculos políticos recientes
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado su intención de derogar “de inmediato” la ley del ‘solo sí es sí’ y sustituirla por una normativa más estricta que refuerce la protección de las mujeres y endurezca las penas por delitos contra la libertad sexual. El anuncio se ha producido durante un acto del PP con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Feijóo ha criticado duramente la gestión del Gobierno en materia de igualdad, al que acusa de presentarse como “el más feminista de la historia” mientras “falla a las mujeres, especialmente a las víctimas”. También ha señalado que el Ejecutivo está más centrado en “celebrar excarcelaciones y preparar posibles nuevas imputaciones” que en reforzar las políticas de protección.
El líder popular ha cuestionado la continuidad de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de la polémica por las pulseras antimaltrato y su reprobación parlamentaria, reprochándole no haber asumido responsabilidades por el “daño a la confianza” en el sistema de protección.
Endurecimiento de penas y nuevas medidas legislativas
Feijóo ha detallado algunas de las medidas que impulsará si llega al Gobierno. Entre ellas, un aumento de las penas por delitos sexuales:
- Si el agresor es español, se incrementarán las condenas de prisión.
- Si es extranjero, además, será expulsado de España.
También prevé realizar una auditoría completa del sistema de vigilancia y control contra el maltrato para reforzar su eficacia y recuperar la confianza de las víctimas. Además, ha confirmado la aprobación de una Ley Integral de Trata, orientada a perseguir a las mafias, combatir la captación de menores a través de redes sociales y ofrecer alternativas de futuro a las víctimas.
Te interesa
Exigencias para el nuevo fiscal general del Estado
Tras la inhabilitación de Álvaro García Ortiz, Feijóo ha reclamado que el próximo fiscal general del Estado cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial, no tenga vínculos políticos recientes y sea un jurista de reconocido prestigio con al menos dos décadas de experiencia.
El dirigente popular considera que estos requisitos son esenciales para garantizar “solvencia, independencia y credibilidad” en una etapa marcada por la preocupación ciudadana ante los casos de corrupción y la necesidad de reforzar la confianza en las instituciones.
