Irene Montero: «Necesitamos tramitar ya la Ley contra el Racismo. Solo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor»
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El Ministerio de Igualdad ha enviado en la tarde de ayer una carta a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) y a La Liga, donde pide a los dos organismos que, debido a la gravedad y reiteración de estos incidentes, «fortalezcan y apliquen las medidas que permiten luchar contra el racismo».
En la carta dirigida a la RFEF, Igualdad reconoce el avance que ha supuesto la adopción de los nuevos Estatutos, a través de la Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Sin embargo, pide que más allá de este tipo de avances, se promuevan los principios de igualdad de trato y no discriminación en el ámbito profesional. Por ello, insta a tomar las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte «que prevé la suspensión del encuentro y el desalojo total parcial o total del aforo cuando suceda un incidente racista».
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En la carta remitida a La Liga, Igualdad se pone a disposición de este organismo para colaborar en la elaboración de un Plan de Acción contra el Racismo «que integre medidas de formación, sensibilización y denuncia para mejorar los mecanismos de coordinación» entre La Liga y los clubes y así «contribuir a erradicar los prejuicios raciales en el deporte».
Ley contra el Racismo
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado una vez más la necesidad de aprobar cuanto antes una Ley contra el Racismo. «Necesitamos tramitar ya la Ley contra el Racismo. Solo con más educación, formación y cambiando la política de extranjería avanzaremos hacia un país mejor», ha afirmado.
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Entre otras cosas, la Ley contra el Racismo propone modificar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, para que todas las personas extranjeras que carezcan de autorización de residencia en España y que hayan sido víctimas de discriminación, intolerancia o delitos de odio, queden exentas de responsabilidad administrativa y no se les incoe expediente administrativo sancionador.
También pretende establecer medidas de acción positiva de carácter temporal para luchar contra el racismo estructural; luchar contra los discursos de odio, especialmente en los medios de comunicación, incluidas las plataformas digitales y las redes sociales; o incluir contenidos curriculares en todas las etapas educativas para explicar las causas y los efectos del racismo estructural.
Además, la Ley pretende establecer la elaboración de protocolos contra el acoso racista en los centros educativos; que las empresas de más de 250 trabajadores y trabajadoras deban elaborar planes contra el racismo y la discriminación racial; y que los poderes públicos promuevan la erradicación de cualquier posible manifestación de racismo en el deporte, así como la elaboración de protocolos para acabar con el racismo en los clubes, agrupaciones y federaciones.
021
Recientemente, el Ministerio de Igualdad, a través del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), ha puesto en funcionamiento el teléfono 021 para atender a las personas que sufran, hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial.
Este servicio, que ya se venía prestando en el teléfono 900203041, además de darse por vía telefónica, también se dará de forma presencial en 23 oficinas repartidas por todo el territorio, incluyendo Ceuta y Melilla; a través de mensajería instantánea en el 628 860 507; y vía online a través de la web del CEDRE o el email asistenciavictimasracismo@igualdad.gob.es
El servicio incluye:
- La realización de las averiguaciones necesarias para determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente racista.
- Asesoramiento jurídico, que no comprende la representación jurídica y defensa ante las instancias judiciales. Se derivarán a este servicio las llamadas y consultas o quejas recibidas por cualquiera de las vías de asistencia mencionadas que requieran asistencia jurídica, para ofrecer asesoramiento inmediato y gratuito en, entre otros, los siguientes ámbitos: sanidad, educación, vivienda, empleo, laboral, penal, medidas integrales de atención y asistencia a las víctimas de delitos de odio racistas, servicios sociales.
- Resolución de conflictos, con el consentimiento de las partes, a través de mecanismos de mediación.
- La redacción, cuando sea necesario, de escritos de carácter jurídico ante personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con el objeto de restablecer y reparar, en su integridad, los derechos potencialmente vulnerados en el incidente racista.
- La indicación y asesoramiento a la víctima de los recursos sociales de carácter público existentes y, en su caso, la derivación a los mismos.
