Hoy han declarado la abogada del Estado y el secretario general de la Delegación dentro del caso por la devolución de menores, ambos confirman que no hubo asesoramiento previo. La defensa de Mateos ha presentado un informe donde alegan «falta de capacidad volitiva» a causa del tratamiento médico que recibe
- Marlaska y Pérez Ruiz, en el punto de mira de la acusación popular en el caso de la devolución de menores a Marruecos
- Palomo tuvo enfrentamientos con las autoridades políticas por las devoluciones de menores
- La Acusación dice que Mateos tiene una “evidente estrategia de dilación” en el caso de la devolución de menores
- Deu asegura que la devolución de menores fue con el conocimiento, aprobación y autorización de todo el Gobierno de España
El proceso judicial que se sigue contra Mabel Deu, vicepresidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta y Salvadora Mateos, ahora ex delegada del Gobierno de España, por la devolución de 55 menores migrantes no acompañados en el mes de agosto de 2021 ha tenido hoy una nueva sesión con la comparecencia de la Abogacía del Estado y la Secretaria General de la Delegación del Gobierno.
La abogacía del Estado , que ha intentado evitar su declaración, extremo rechazado por su señoría, ha indicado que jamas fue consultada por la delegada del Gobierno investigada.
Por otro lado, el Secretario General de la Delegación del Gobierno, Ismael Kasrou, ha ratificado en sala la condición de «orden e instrucción» de todas las comunicaciones entre la Delegación y el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Seguridad) llegando a confirmar que la proximidad en tiempo entre consultas y emisión era debido a que su contenido se pactaba entre ambas instituciones. Ha señalado, además, al entonces jefe de gabinete de la delegada del Gobierno en Ceuta como el interlocutor entre la Delegada y el Gobierno de España, así como ha confirmado que, durante un año, no se hizo seguimiento del estado de los menores deportados.
La todavía defensa de la cesada delegada del Gobierno ha presentado además hoy un informe médico donde se afirma la falta de capacidad volitiva de la investigada a raíz de su tratamiento médico.
Para la Acusación Popular las afirmaciones en sala de hoy evidencian que el Ministerio del Interior y su Secretario de Estado son partícipes y cooperadores necesarios en este proceso, así como los «autores intelectuales» de todo el procedimiento, por lo que se entiende necesario que acudan, como mínimo, como testigos.
