La jefa del Servicio de Protección de Infancia, en su declaración ante la jueza como testigo, ha asegurado haber sido apartada del proceso tras tener enfrentamientos con las autoridades políticas. Además ha dicho que jamás se reunió con la Comisión competente de Infancia y que no se pidieron informes jurídicos, ni se se hizo informe de vulnerabilidad de los menores
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- Deu consideró que las “dudas jurídicas” planteadas desde el Área de Menores “no eran transcendentes”
- La Acusación dice que Mateos tiene una “evidente estrategia de dilación” en el caso de la devolución de menores
- Deu asegura que la devolución de menores fue con el conocimiento, aprobación y autorización de todo el Gobierno de España
- La acusación popular investiga el “gasto exorbitado” de la Ciudad Autónoma durante la crisis de mayo
Continúa la investigación judicial que se sigue por la devolución de 55 menores desde Ceuta a Marruecos en agosto del 2021. Esta mañana han declarado como testigos en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Ceuta la jefa del Servicio de Protección de Infancia de la Ciudad Autónoma, Antonia Palomo, y el jefe en la frontera del Cuerpo Nacional de Policía.
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Según han informado desde la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, personada como acusación popular, Palomo ha señalado hoy ante la jueza que “jamás se reunió con la Comisión competente de Infancia, así como que jamás se procedió a constituir formalmente la tutela o la guarda. Apunta a haber sido apartado de todo el proceso tras sus enfrentamientos con las autoridades políticas y afirma que jamás se pidieron informes jurídicos”. Además, la acusación popular dice que Palomo ha señalado que “no se hizo informe de vulnerabilidad por parte de la Ciudad, reconociendo que es competencia exclusiva de un funcionario y avalando la tesis de cómo Save The Children solo procede a iniciar acciones no siendo responsable de emitir ningún informe de vulnerabilidad”. Habría señalado, además, que la entidad no llegó siquiera a hablar o entrevistar a los menores tutelados en la ciudad autónoma y que jamás se le prestó asesoramiento jurídico.
En lo recogido hasta ahora en el sumario se señala que Palomo advirtió de la ilegalidad del procedimiento que se estaba siguiendo para la devolución de los menores e insistió en la aplicación de la Ley de Extranjería. Mabel Deu, vicepresidenta del Gobierno de Ceuta y una de las dos investigadas por prevaricación continuada, ignoró las dudas jurídicas planteadas desde el Área de Menores, al no considerarlas “transcendentes”, y todo se quedó en una conversación.
Salvadora Mateos, delegada del Gobierno en Ceuta y la otra persona investigada como posible responsable penal, no ha podido declarar esta mañana por motivos de salud. Es la segunda vez que su declaración ante la jueza queda pospuesta, en esta ocasión hasta el 5 de octubre. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, acusación popular en este proceso judicial, manifestó su oposición a este nuevo aplazamiento “puesto que, respetando el estado de salud, ya se dio otro previo y hubo tiempo más que suficiente para que la investigada y su defensa supieran de cuándo y cómo se iba a realizar. No se aprecia como válido esta evidente y palmaria estrategia de dilación”.
