La resistencia del Gobierno a señalar a Rabat por la crisis de Ceuta abre brecha en la mayoría parlamentaria, donde Podemos y PNV no descartan que el régimen alauí disponga de información sensible obtenida con el sistema Pegasus.
La prudencia mantenida por el Gobierno de España a la hora de responsabilizar a Marruecos por la entrada masiva de cerca de 80.000 inmigrantes irregulares en Ceuta ha comenzado a alimentar los recelos dentro de su propia mayoría parlamentaria. Para parte de los aliados del Ejecutivo, la negativa del presidente Pedro Sánchez a señalar al país vecino responde a un motivo que anteriormente no mencionaban y que ahora no se atreven a descartar: la posibilidad de que el régimen alauí se encuentre en disposición de «chantajear» al Ejecutivo español con información comprometida sustraída en 2022 de los teléfonos móviles de varios de sus integrantes mediante el sistema Pegasus, entre ellos el del propio presidente.
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La tesis sobre el espionaje a través de este programa informático había quedado prácticamente reducida de forma exclusiva al Partido Popular y a Vox, así como a otros socios conservadores como Junts, formación que en las últimas semanas ha preguntado directamente a los ministros «por dónde los tiene cogidos Marruecos». Sin embargo, la persistente opacidad de Moncloa respecto a la relación bilateral y la falta de una explicación convincente sobre su cautela —incluso después de que documentos desclasificados hayan revelado indicios de pasividad por parte de las autoridades marroquíes durante los sucesos de Ceuta— han provocado que esta hipótesis sobrevuele la política nacional con nuevos actores en escena.
Creciente malestar y declaraciones de los aliados parlamentarios
El pronunciamiento de formaciones que respaldan al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados ha visibilizado esta brecha. Este lunes, la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, manifestó que no sabe «a ciencia cierta» si Marruecos posee información comprometida de miembros del Gobierno, pero sostuvo que «parece bastante evidente que algo hay» y que el régimen alauí dispone de un «poder» otorgado por el propio Ejecutivo. En la misma línea se había expresado la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, quien durante la comparecencia de Sánchez en el Congreso llegó a cuestionar «qué le debe a Marruecos» y apuntó que Rabat «tiene demasiada información del presidente». Fuentes internas de Podemos afirman en privado que ambas dirigentes señalan «una cosa de sentido común», incidiendo en que la resistencia a apuntar hacia Marruecos responde a que «lo están protegiendo».
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A estas sospechas se sumó este domingo el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien señaló directamente que «Marruecos puede tener algo que no conocemos que hace que la presión sobre el Gobierno español sea todavía mayor» y que, por ello, pueda estar «chantajeándolo», añadiendo que es una posibilidad que «no descartaría». Desde el grupo parlamentario nacionalista matizan que su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha calificado con anterioridad la relación con el país vecino como «tormentosa», si bien el líder de la formación ha dado un paso más al explicitar la hipótesis del chantaje.
El resto de las fuerzas parlamentarias analiza la postura gubernamental desde diferentes enfoques. Desde Bildu se ha llegado a defender que Moncloa actúa como «pagafantas» de Marruecos. Por su parte, en Sumar, socio del PSOE en la coalición de Gobierno, se presiona a la parte socialista para que responsabilice al régimen alauí de la entrada en Ceuta, aunque evitan entrar en este tipo de «elucubraciones». Finalmente, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó de «pusilánime» al Ejecutivo y expuso dos posibles explicaciones ante la exculpación a Rabat: una opción «conspiranoica» vinculada a la tenencia de información comprometida y otra basada en la evitación de «una guerra que no pueden ganar».
La respuesta de Moncloa y la estrategia en Ferraz
Tanto el Palacio de la Moncloa como la sede socialista de Ferraz han intentado atajar cualquier especulación sobre la gestión diplomática con Rabat. En la primera reunión de la cúpula del PSOE tras el estallido de la crisis ceutí, el asunto monopolizó el debate bajo la consigna de centrar los esfuerzos en cerrar la contingencia y no abrir un debate sobre responsabilidades políticas ni señalar a quienes contribuyeron a desencadenarla.
En el plano institucional, Pedro Sánchez negó de forma tajante en una entrevista concedida a La Sexta estar sufriendo chantaje alguno por parte de Marruecos y tildó de «bulo» que Rabat disponga de datos comprometedores extraídos con el sistema Pegasus. Si bien el presidente evitó el choque directo con los dirigentes de los partidos aliados, otros miembros de la administración y del partido respondieron con mayor contundencia. El ministro Óscar López expresó su «decepción» con Aitor Esteban y calificó de «intolerable» que se alimente lo que considera una «teoría de la conspiración». Paralelamente, el líder del PSOE de Euskadi, Eneko Andueza, encuadró el discurso del PNV en el marco de la derecha y la ultraderecha, recriminando a Esteban su tendencia a opinar sobre la política nacional.
Fuentes internas del PSOE restan trascendencia al endurecimiento del discurso de sus socios y lo achacan al contexto electoral, argumentando que criticar al régimen alauí «sale gratis» y permite marcar distancias públicas ante un asunto sensible. No obstante, en la dirección del partido y del Gobierno preocupa que una sospecha restringida inicialmente a la oposición empiece a calar entre las fuerzas políticas que garantizan la estabilidad de la legislatura.
