El pleno de Estrasburgo analiza este martes los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en la ciudad autónoma, en una sesión con la presencia de la Comisión Europea y marcado por la presión de la oposición sobre el Gobierno central.
La crisis desatada en Ceuta salta este martes al Parlamento Europeo con la celebración de un debate oficial, fijado a partir de las 13:00 horas, que situará el foco principal en la vulneración de la integridad territorial de España. Los grupos políticos con representación en el pleno de Estrasburgo no abordarán únicamente la dimensión migratoria del conflicto, tal y como atestigua la denominación fijada en la agenda oficial de la Eurocámara: «Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de los migrantes en Ceuta, así como la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE». La sesión parlamentaria contará con las intervenciones del comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y de la presidencia irlandesa del Consejo.
Según se recoge en los documentos internos de la asamblea comunitaria, el objetivo trazado es abordar la coyuntura ceutí desde una perspectiva integral. De este modo, la sesión analizará el escenario geopolítico, la atención humanitaria, el control de las fronteras exteriores y la gestión de los flujos migratorios. En el plano diplomático, el Gobierno de España insiste en no señalar de forma directa al Reino de Marruecos, una postura que contrasta con la expresada en Bruselas por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El dirigente autonómico acusó a Rabat de pretender «asfixiar a Ceuta» y de buscar desde hace tiempo «el acoso y derribo» de la ciudad.
Petición de amparo a la Unión Europea y medidas ambientales
Uno de los ejes centrales de la sesión parlamentaria radica en el reclamo de asistencia a la Unión Europea, ya sea mediante el despliegue de la agencia Frontex o a través de iniciativas como la planteada conjuntamente por Juan Jesús Vivas y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Ambos han solicitado en la capital comunitaria «un tratamiento específico» para Ceuta que facilite el acceso a mayores partidas de ayuda o a regímenes fiscales ventajosos. Esta aspiración busca que las ciudades autónomas puedan equipararse de facto a las regiones ultraperiféricas de la UE —estatus que ostenta el archipiélago canario—, si bien este cambio normativo requeriría una reforma de los Tratados comunitarios.
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En paralelo a las gestiones en el ámbito europeo, el Gobierno de Ceuta formalizó este lunes una petición ante el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo la adopción de «medidas urgentes» frente al severo impacto ambiental derivado de la entrada masiva de inmigrantes irregulares. La Consejería de Medio Ambiente de la ciudad autónoma remitía una serie de requerimientos orientados a recuperar las zonas afectadas, frenar su degradación y garantizar la protección de la biodiversidad, el litoral, los montes y las infraestructuras básicas. La administración local advierte de la existencia de «riesgos ambientales y de salubridad» en diversos puntos de la costa, playas, espacios naturales y zonas verdes.
Ante la continuidad de la presión sobre el terreno, el Ejecutivo central ha procedido a habilitar nuevos espacios para acoger a las personas que permanecen en la ciudad, como es el caso del muelle de Poniente, donde los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han solicitado que se garanticen las debidas condiciones de seguridad. Mientras tanto, desde Moncloa afirman que se están agilizando los expedientes de retorno. En relación con este procedimiento, la Comisión Europea ha recordado que la legislación comunitaria contempla la vía acelerada de devolución, aplicable también a los menores no acompañados, estableciendo en las directivas y reglamentos de retorno que estos deben ser entregados a sus familiares o tutores legales en el país de origen.
Confrontación política y misión de análisis ‘in situ’
La gestión de la crisis ha generado un intenso choque político centrado en la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Durante una concentración en apoyo a Ceuta celebrada días atrás en Bruselas, la vicepresidenta del Grupo del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé, coincidieron en afirmar que «es una invasión y el Gobierno lo sabía», acusando al presidente del Gobierno de «traición a los españoles». Desde la formación Vox se ha llegado a apelar a la «responsabilidad penal» de los miembros del Gabinete central, al tiempo que Buxadé calificó lo sucedido como «un acto de invasión en sentido estricto» y «un acto de guerra híbrida promovido, orquestado y animado por Marruecos».
Por su parte, el Partido Popular ha solicitado en la esfera institucional comunitaria que España haga uso de «todas las herramientas» previstas por la Unión Europea para ejecutar el «retorno inmediato» de la totalidad de los migrantes, tanto adultos como menores. A este respecto, la Comisión Europea se ha comprometido junto al Gobierno español a poner a disposición de la ciudad autónoma un mayor número de efectivos de la agencia Frontex, con el propósito, en palabras de Vivas, de «blindar» la frontera sur europea.
Como antesala a las decisiones que se adopten en las instituciones comunitarias, se confirmó a finales de la pasada semana que el Parlamento Europeo enviará una misión oficial a Ceuta el próximo mes de febrero para analizar la situación sobre el terreno. Esta visita se suma a las inspecciones que han llevado a cabo en fechas recientes diversos funcionarios de la Comisión Europea, de cuyos trabajos no se han hecho públicos de momento los detalles ni las conclusiones.
