El entramado criminal del que formaba parte disponía de diversas ramificaciones asentadas en Marruecos, España e Italia para realizar los traslados de los migrantes. Aprovechaban la situación de vulnerabilidad de estas personas, a las que exponían a grandes riesgos para sus vidas durante la travesía
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un “paterista” presuntamente implicado en el tráfico de migrantes desde Marruecos hasta las Islas Canarias. El entramado criminal disponía de diversas ramificaciones en Marruecos, España e Italia para realizar los traslados de los inmigrantes. La detención del piloto, de nacionalidad marroquí, se produjo en la localidad de Hellín en la provincia de Albacete.
Bidones de gasolina en alta mar
Los migrantes pagaban la cantidad de 1.500 euros al líder de la organización, asentado en Marruecos, para ocupar una de las plazas en las embarcaciones que partían desde Dakhla hasta su destino en las Islas Canarias. El pago incluía su traslado desde las islas hasta la península vía aérea a Sevilla. Este transporte se gestionaba a través de los integrantes de la ramificación del entramado situada en España.
Los migrantes grababan vídeos de su travesía y los publicaban en las redes sociales, grabaciones que eran utilizadas por la red criminal para promocionarse. Los viajes se realizaban sin las medidas mínimas de seguridad, tales como chalecos salvavidas, y ni siquiera les facilitaban alimentos. Además, en las embarcaciones también portaban bidones de gasolina que, combinada esta sustancia con el agua de mar, podían provocar quemaduras graves en los migrantes.
Beneficios de 30.000 euros por embarcación
Los beneficios obtenidos por el entramado ascendían a unos 30.000 euros por cada patera. Esta actividad delictiva supone tal ganancia para sus intereses, que los implicados aprovechaban la situación de vulnerabilidad de los migrantes y no dudaban en exponerlos a los grandes riesgos que debían asumir ante tales condiciones.
El operativo policial culminó con la detención del principal responsable en Hellín (Albacete) y su posterior ingreso en prisión por orden judicial. Se le atribuye un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, actividad delictiva que llevaba a cabo desde su pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes. Además se han intervenido dos terminales de teléfono.
