Los datos del paro han mostrado de nuevo la brecha de género existente en la sociedad, creando consigo un escenario inquietante, donde las mujeres trabajadoras se han incrementado durante el mes de agosto en un 68,5%, siendo 20.327 de las 29.780 personas registradas.
El miércoles pasado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó los datos del paro del mes de agosto. En ellos se registró un aumento de 29.780 personas, siendo 20.327 mujeres, lo que supone un 68,5%. La crisis del COVID-19 ha causado más daño a las mujeres trabajadoras que a los hombres, según refleja el Informe del Gabinete Económico Confederal de CCOO. Además, este informe señala que el 58% de las personas que están inscritas en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) son mujeres.
Elena Blasco Martín, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO, ha expresado su preocupación tras conocer los datos actualizados del paro “desde CCOO venimos advirtiendo desde el inicio de la crisis que hay que aplicar una mirada de género a los datos y a las políticas laborales: buena parte del aumento del paro tiene que ver con los sectores más afectados, como la hostelería o el turismo, que están muy feminizados. A esto se suma que somos nosotras, las trabajadoras, quienes sufrimos mayor temporalidad y parcialidad y estamos en las posiciones más vulnerables”.
Según el estudio publicado por la Secretaría Confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras: El Impacto de los ERTE en el empleo de las mujeres, los ERTE (Expediente de Regulación Temporal) han sido fundamentales para intentar sostener los trabajos. Además, recalcan la importancia que han tenido en las mujeres, ya que de cada mujer que perdió su empleo, 4 mujeres lo mantuvieron gracias a esta herramienta.
Los datos recogidos en mayo ya apuntaban que las mujeres asalariadas iban a estar más afectadas por la pandemia que los hombres, puesto que 19 de cada 100 mujeres asalariadas estaban afectadas por un ERTE, frente a los hombres asalariados que suponían 17 de cada 100.
“Hay que prorrogar los ERTEs, que han evitado daños mayores. Pero la realidad de los preocupantes datos de desempleo femenino se debe también a la desigualdad en el acceso al empleo, a la gran bolsa de desempleadas de larga duración y a las barreras que apartan del empleo a las mujeres, como los déficits en conciliación corresponsable. Por eso es preciso articular políticas que protejan el empleo de calidad y, muy especialmente, el empleo femenino y poner en marcha recursos públicos y medidas que favorezcan la corresponsabilidad y la conciliación. No podemos permitirnos como sociedad que esta crisis, primero sanitaria y luego económica, se convierta ahora también en una crisis de igualdad que profundice las brechas que ya veníamos padeciendo”, ha añadido Elena Blasco Martín.
La crisis provocada por la COVID-19 ha causado que casi 600.000 mujeres tengan que abandonar el mercado laboral. La brecha de igualdad entre mujeres y hombres se ha ampliado en casi 200.000 con respecto al anterior trimestre, haciendo una cifra de 1.625.800 menos mujeres activas que hombres.
La EPA (Encuesta de Población Activa) ha contabilizado 2.486.100 empleos a tiempo parcial, que suponen 400.000 menos que en el trimestre anterior, donde cerca de 260.000 puestos de trabajo han sido de empleos donde el mayor porcentaje de trabajadoras en esos sectores, como la hostelería o el turismo, es femenino.
“Alertamos de que se están cumpliendo nuestros pronósticos, pero estamos a tiempo. Esperamos que ahora se atienda a nuestras soluciones: hay que invertir de manera decidida en políticas que combatan la cronificación del paro femenino y su precarización, que eviten la salida de las mujeres del mercado laboral y que, en plena crisis de cuidados, promuevan una sociedad corresponsable y más igualitaria donde el Estado facilite la conciliación mediante servicios públicos profesionalizados y de calidad. Hay que atajar el paro femenino hoy para evitar el empobrecimiento, aún mayor, de las mujeres mañana. En pleno siglo XXI, con pandemia o sin ella, no podemos retroceder en igualdad. Es una cuestión de dignidad y de justicia”, ha concluido Elena Blasco Martín.
