El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, ha convocado a Miguel Ángel Rodríguez y a otros ocho periodistas para declarar los días 8 y 9 de enero. Esta acción forma parte de la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar secretos en un caso de fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Lee tambien: Presentan una nueva denuncia contra Miguel Ángel Gallardo por la contratación de un amigo de David Sánchez
La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, solicitó la comparecencia de Rodríguez debido a indicios de que pudo haber accedido a correos electrónicos intercambiados entre González Amador y la Fiscalía. Este movimiento busca esclarecer si hubo una filtración de información confidencial.
Te interesa
En un auto reciente, el juez ha ordenado a la cadena de televisión La Sexta y al periódico El Mundo que proporcionen copias de las noticias publicadas el 13 de marzo de 2024, relacionadas con el caso. Estas pruebas podrían ser cruciales para determinar la fuente de la filtración.
Lee tambien: El juicio contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo queda visto para sentencia tras siete jornadas
Además, el Tribunal Supremo ha instruido que no se eliminen las grabaciones de seguridad del registro realizado en el despacho de García Ortiz. Esta medida pretende asegurar que todas las evidencias posibles estén disponibles para el análisis judicial.
Por otro lado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha solicitado información sobre posibles expedientes disciplinarios abiertos en relación con los hechos investigados. Aunque no se han encontrado cámaras de seguridad en el patio central de la Fiscalía General, se tomará declaración al fiscal Salvador Viada Bardají el próximo 10 de diciembre.
Este caso ha generado gran interés mediático y político, dado el perfil de los involucrados y las implicaciones que podría tener en el ámbito judicial y gubernamental. La resolución de esta investigación podría establecer precedentes importantes sobre la gestión de información confidencial en el ámbito público.
