La seguridad privada en países de América Latina ha adquirido una actividad complementaria de acción a la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ámbito de la seguridad pública, sobre todo en el control del delito y del mantenimiento del orden público. La expansión de la industria de la seguridad privada, sobre los años 90 es cuando asume un rol muy importante debido al incremento de la violencia y la delincuencia que existía en la mayoría de estos países emergentes.
Los elevados indicios de criminalidad y la deficiencia policial en los diferentes estados, han llevado al crecimiento de estas empresas de seguridad, negocio que mueve a 2,4 millones de personas aproximadamente donde da lugar a un crecimiento explosivo de esta actividad, según un informe publicado el 27 de marzo del año 2018 por el Diálogo Interamericano en Washington D.C. donde dice que este negocio de la seguridad privada está planteando una serie de desafíos a la seguridad pública en estos países ya que, no han sabido encontrar la forma de poder regular esta actividad de una forma que sea eficaz e innovadora.
A nivel mundial las empresas de seguridad han supuesto un gran aumento, pero en América Latina su crecimiento en la mayoría de los casos se da por la proliferación de empresas ilegales, con personal con muy poca preparación y entrenamiento. Un ejemplo lo encontramos en Argentina y Brasil donde la mayoría de los empleados de este sector son ilegales superando a los formales, mientras que en Chile no han logrado identificar cuántas empresas legales están operando en sus país, a esto le unimos que la legislación de algunos países no exigen ni controlan unos niveles de capacitación, además de la falta de disposición de los propios clientes de pagar precios más altos para poder contratar a profesionales más capacitados y entrenados para desarrollar sus trabajo con profesionalidad.
Este sector está en continuo crecimiento y posee una importante presencia en las dinámicas económicas latinoamericanas y mundiales, los grandes desafíos a los que están expuestos los Estados son una regulación idónea urgente de estas fuerzas corporativas, pues si bien van cubriendo las demandas de seguridad que exige la sociedad superando la competencia estatal sobre la seguridad como bien público.
Otro talón de Aquiles encontrado en estos países, es la escasa libertad sindical que poseen los trabajadores y los propios sindicatos, que junto con el derecho a la negociación colectiva, esenciales para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para promover la democracia y una buena gobernanza del mercado de trabajo.
Acogiéndonos al Convenio Internacional del Trabajo, se insta a los gobiernos a cumplir los principios de este derecho, por ello se hace necesaria la creación de una Confederación Sindical Latinoamericana de empleados del sector de la seguridad privada a nivel internacional que, reúna a los 20 países de América Latina para defender a todos los trabajadores de este sector y a la vez abrir un foro donde poder debatir, posibles cambios para la mejora de este sector.
Debería regularizarse también que, empresas como Prosegur o Securitas presentes en todos estos países latinoamericanos, paguen mejor de lo que lo hacen. En Bogotá un vigilante de seguridad con un cómputo de 200 horas semanales, percibe unos 22980 pesos colombianos, los cuales son unos 300 euros aproximadamente. El nivel de vida no es demasiado barato, así que con estos ingresos se las tienen que ingeniar para llegar a fin de mes. Estas empresas se están haciendo de oro, a costa del sudor de todos estos profesionales nada valorados que, ponen sus vidas en peligro cada día.
