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A esta cifra hay que añadir otras 963 víctimas rescatadas de establecimientos en los que eran sometidas a procesos de explotación sexual o laboral
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Policía Nacional y Guardia Civil liberaron en 2020 a 269 víctimas de las redes de tráfico ilícito de seres humanos que habían conseguido introducirlas en el país para lucrarse con su explotación sexual o laboral, o con otros fines como forzar su matrimonio no deseado o su participación en actividades delictivas.
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Así aparece reflejado en el Balance Estadístico 2016-2020 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y que puede ser consultado en la web del departamento.
A estas cifras hay que añadir otras 963 víctimas sometidas a procesos de explotación sexual o laboral, aunque en su caso no se haya podido confirmar que hubiesen llegado a esa situación como consecuencia de la actuación de alguna red de trata de seres humanos.
En conjunto, son 1.232 las personas liberadas en 2020 de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de seres humanos o de grupos delictivos que las sometes a distintas situaciones de explotación sexual o laboral.
Estas cifras son consecuencia de las 256 investigaciones emprendidas por Policía Nacional y Guardia Civil en 2020 (dato que no recoge el balance estadístico), 92 de ellas vinculadas a la trata de seres humanos y 164 a la explotación sexual y laboral.
Esta actuación policial permitió desarticular 83 organizaciones y grupos criminales vinculados a la trata y explotación de seres humanos, dando como resultado la detención de 264 personas por delitos de trata y 409 por delitos de explotación.
Explotación sexual
El balance estadístico recoge que, el pasado año, las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 160, tres de ellos menores de edad: 145 de ellas mujeres adultas y dos niñas. Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela son los principales países de origen de estas víctimas.
Esta preponderancia se repite entre las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual: de un total de 415, ocho de ellas menores de edad, 398 eran mujeres adultas, a las que hay que sumar siete niñas. Las nacionalidades mayoritarias en este grupo son la colombiana, la española, la rumana y la china.
Además, en 2020, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 1.252 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, actividad que permitió identificar a 3.867 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos.
Explotación laboral
En lo que se refiere a la actuación de Policía Nacional y Guarda Civil contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 99; 66 de sexo femenino, una de ellas menor de edad. En este caso son Honduras, Rumanía y Nicaragua los principales países de origen de estas personas.
Por lo que se refiere a las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, el pasado año fueron 548, cuatro de ellas menores de edad. En este caso, el sexo mayoritario es el masculino (406 adultos y dos menores de edad), y las principales nacionalidades son la marroquí, la nicaragüense y la española.
Como en el caso anterior, en 2020 Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 3.590 inspecciones administrativas en otros tantos centros de trabajo, en los que fueron identificados 8.273 trabajadores en situación de riesgo por una posible vulneración de sus derechos laborales.
Otros fines
En 2020, Policía Nacional y Guardia Civil rescataron a diez víctimas de las redes de trata de seres humanos que fueron traídos a España para ser sometidos a un matrimonio forzado (tres, una mujer y dos niñas de nacionalidad rumana) o para obligarles a cooperar con actividades delictivas (siete ciudadanos de nacionalidad china).
Frente a la serie estadística histórica, en 2020 no se rescató a ninguna persona víctima de una red de tráfico ilegal de personas para el ejercicio de la mendicidad, circunstancia que los expertos del CITCO atribuyen al confinamiento y a las restricciones acordadas para frenar la pandemia del COVID-19.
La trata de personas se ha convertido en las últimas décadas en una forma de esclavitud contemporánea, uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana ya que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se puede intercambiar o explotar. Es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas.
Nos encontramos ante un fenómeno criminal extremadamente grave y de enorme complejidad al que el Ministerio del Interior dedica un abordaje multidisciplinar e integral que coloca a la víctimas en el centro de cualquier actuación mediante la adecuada coordinación de los ámbitos público y privado, así como del tercer sector, en especial las organizaciones y entidades de la sociedad civil especializadas en la asistencia a las víctimas.
