El expresidente catalán Carles Puigdemont solicita al Tribunal Constitucional la suspensión de la orden de detención vigente en España, apoyándose en las recientes conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, que cuestionan la legalidad de su persecución judicial.
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La defensa de Carles Puigdemont ha presentado una solicitud ante el Tribunal Constitucional para que se suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional que sigue activa contra él. Este movimiento legal se produce tras la publicación de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien plantea serias dudas sobre la proporcionalidad y legitimidad de dicha orden en el actual contexto jurídico.
Según el recurso presentado por su equipo legal, mantener la orden en estas circunstancias «supondría un sacrificio desproporcionado e innecesario» para los derechos fundamentales del expresidente catalán. Estas conclusiones europeas refuerzan la línea de defensa de Puigdemont, que denuncia desde hace años una persecución política derivada de su papel en el proceso independentista catalán de 2017.
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El entorno de Puigdemont interpreta este informe como un espaldarazo a su estrategia judicial europea y considera que marca un punto de inflexión en su causa. No obstante, cabe recordar que las conclusiones del abogado general no son vinculantes, aunque suelen tener un peso importante en la posterior sentencia del TJUE.
El caso de Puigdemont sigue siendo uno de los focos más tensos en la política española y europea. Su situación jurídica influye directamente en el debate sobre la ley de amnistía, actualmente en discusión en el Parlamento español, y cuyas implicaciones podrían afectar no solo a su causa, sino a decenas de dirigentes y activistas vinculados al referéndum de independencia.
