La labor formativa e informativa en centros escolares y colectivos sociales en aquella ciudad, avalada por más de 20 años de servicio en su faceta que lleva acabo entre los jóvenes escolares ceutíes, tratando de incentivar y tomen conciencia en evitación de conductas que generen violencia de género, avalan a esta funcionaria, que cuenta con el total apoyo de esta formación sindical reformista y progresista en el Cuerpo de Policía Nacional.
Sus palabras basadas en las estadísticas reales de aquella Jefatura Policial, Ministerio del Interior y Consejo del Poder Judicial, en sus anuarios del 2018, son evidentes y no ofrecen dudas, por tanto, tratar de reprimir o callar a una persona cualificada en nombre de la institución policial, agrede al conjunto de trabajadores del CPN en Ceuta y resto del colectivo policial en ámbito nacional. Se nos hace difícil entender que desde el año 2009, y transcurridos un tiempo más que suficiente para comprender que se han asesinado a más de 1500 mujeres, se trate de obstaculizar su labor, tratando de corregir la semántica y objetando estadísticas por violencia de género, cotejadas en este país, por varios organismos competentes.
Se actúa contra una mujer valiente y decidida en decir las realidades de un fenómeno brutal para el colectivo de las personas más vulnerable en este país, en este caso las mujeres asesinadas. Aquí no cabe discusión alguna, de lo contrario estaríamos permitiendo que se hablara de imponer cuestiones o ideologías que de ninguna de las formas pueden afectar a ningún trabajador del CPN de forma externa, propiciadas por ningún partido político.
ARP se opondrá siempre, en su labor sindical que se conoce como reformista. No podemos dejar solos a colectivos sociales, manifestándose en calles y plazas donde se produce una muerte violenta, y los policías cuestionados por intereses políticos, sin recursos suficientes para atender a las víctimas.
ARP tiene su propio código de conducta, en base a principios y valores morales identificados con la mayoría de la sociedad española, conscientes de ser la voz discordante con cualquier acto donde se conculquen derechos y libertades que afecten a ciudadanos y a policías, valedores de los derechos humanos. Una funcionaria ha sido señalada por una formación política, en este caso VOX, poniendo en duda su honestidad informativa, pretendiendo que se le aparte de su función, por entender usa un lenguaje distinto al de esa formación. Algo inaceptable y rechazable.
Los compañeros-as de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer, UFAM, especialidad en la lucha contra la violencia de género, y los Delegados-as de Participación Ciudadana en las distintas plantillas policiales, que se vean cuestionados o necesiten el apoyo público, caso de Ana Moya, deben entender que, desde nuestra libertad de expresión seremos valedores de sus innegables contribuciones profesionales, en materia de violencia de género.
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