El presidente del Gobierno reactiva las medidas sobre vivienda derogadas por las Cortes y apela a la movilización del electorado progresista: «Necesitamos una mayoría más amplia».
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MADRID. — Pedro Sánchez ha situado la crisis de la vivienda y la confrontación parlamentaria en el centro del tablero político. Tras anunciar la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones generales, el Ejecutivo prepara una maniobra táctica: volver a tramitar a través de la Diputación Permanente los dos decretos sobre vivienda que el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó recientemente.
Esta estrategia busca sortear el bloqueo parlamentario generado tras el revés sufrido en el Congreso, donde la oposición y antiguos socios de investidura tumbaron el paquete legislativo. Con las Cortes disueltas, la Diputación Permanente —el órgano reducido que asume las funciones del Congreso en periodos electorales y cuya composición aritmética difiere de la del Pleno— será la encargada de debatir y eventualmente convalidar de nuevo estas medidas de urgencia mediante ligeras modificaciones en los textos.
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Apuesta por la agitación social y el voto útil
La maniobra coincide con un clima de creciente tensión social y movilizaciones ciudadanas por el acceso a la vivienda. Desde la Moncloa no ocultan que la vivienda se ha convertido en el principal vector de la precampaña electoral, un tema con el que buscan movilizar a las bases de la izquierda y desgastar tanto a los partidos de la oposición como a sus competidores a ese lado del espectro político.
En su comparecencia para justificar el adelanto de los comicios, Sánchez atribuyó la parálisis legislativa a la «falta de responsabilidad» de la Cámara y apeló de forma directa a la activación del bloque progresista:
«Necesitamos una mayoría progresista mucho más amplia para desplegar las reformas sociales que el país requiere sin depender de los chantajes parlamentarios», afirmó el presidente.
Duras críticas de la oposición
La maniobra normativa ha provocado la indignación en la oposición, que la califica de «fraude de ley» e «instrumentalización de las instituciones con fines electorales». Diversos portavoces parlamentarios acusan a Sánchez de ignorar la soberanía del Congreso —que ya derogó la norma en sesión plenaria— y de utilizar el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente como una herramienta al servicio de su campaña.
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Pese a la marejada política, el Gobierno prevé llevar las iniciativas de nuevo a la mesa para su aprobación inminente, fijando el debate de la vivienda como la primera gran batalla ideológica rumbo a las urnas.
