El balance económico elaborado por expertos analiza el quebranto financiero para las arcas públicas generado por doce causas judiciales abiertas sobre presuntas irregularidades, comisiones e irregularidades en contratos.
Madrid — La factura económica provocada por el entramado de presuntas irregularidades y causas de corrupción vinculadas a la gestión e hitos del actual Ejecutivo asciende ya a 5.432 millones de euros, según un informe económico publicado por el diario ABC. Este cómputo global reúne el impacto acumulado de doce tramas e investigaciones judiciales en curso o cerradas que salpican a distintas esferas de la administración pública e instituciones del Estado.
El estudio detalla cómo el montante total responde al desvío de fondos públicos, contratos adjudicados bajo sospecha de comisiones irregulares, quebrantos en empresas públicas y el coste de sobreprecio en compras de emergencia durante los últimos años. Entre los expedientes con mayor volumen financiero destacan las piezas vinculadas a adjudicaciones de material sanitario en pandemia, el presunto cobro de mordidas en contratos públicos y los sobrecostes derivados de rescates o actuaciones en empresas estatales golpeadas por la gestión de la crisis.
Impacto en el erario público y batalla política
Los datos del informe ponen de manifiesto que las doce causas analizadas suponen un menoscabo de más de 5.400 millones de euros para los contribuyentes, una cifra que la oposición ya utiliza para censurar la gestión económica e institucional del Gobierno y exigir responsabilidades políticas ante los juzgados y el Parlamento.
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Desde la publicación de este balance, los diversos frentes judiciales continúan su recorrido técnico en los tribunales a la espera de que los peritajes definitivos fijen las cuantías exactas de la responsabilidad civil y las posibles indemnizaciones a favor de la Hacienda Pública en cada uno de los procedimientos.
