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Madrid — El mapa electoral de la España rural ha sufrido un vuelco sin precedentes tras la entrada en vigor de la denominada Ley de Nietos. Según los datos analizados sobre el impacto del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), un total de 161 municipios españoles cuentan con un número de electores inscritos en el extranjero que supera ampliamente al censo de residentes empadronados en el propio término municipal.
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Esta alteración en el volumen del electorado afecta principalmente a pequeños pueblos de la España despoblada, donde la media de habitantes ronda el centenar de vecinos. Provincias como Salamanca (con 28 localidades afectadas), La Rioja (20), Ourense (17), Soria (15) y Burgos (11) concentran la mayor parte de los casos en los que la masa de votantes exteriores sobrepasa a los residentes locales.
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El caso extremo de Ventrosa y los picos en Ourense y Asturias
El ejemplo más representativo de este fenómeno se localiza en la pequeña localidad riojana de Ventrosa. Con apenas 48 habitantes empadronados, el municipio registra 296 electores con derecho a voto inscritos en el extranjero, lo que supone que el 86,8% del censo electoral conjunto reside fuera de las fronteras nacionales. Le siguen otros municipios castellanoleoneses como Fuentestrún (Soria), con un 82,3% de voto exterior, Junciana (Ávila) con un 80,4%, y Jaramillo Quemado (Burgos) con un 80%.
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En términos absolutos, el desequilibrio adquiere cifras elevadas en municipios gallegos y asturianos. En la provincia de Ourense, la localidad de Avión contabiliza 3.106 electores CERA frente a 1.719 vecinos empadronados, mientras que Bande suma 2.303 electores en el extranjero frente a 1.460 residentes. En Asturias, el caso de Allande destaca con 2.176 inscritos fuera de España sobre una población de 1.506 personas, mientras que en La Fonsagrada (Lugo) el censo exterior alcanza los 3.514 votantes.
Freno judicial tras las resoluciones del Supremo
Esta distorsión del peso electoral en el ámbito municipal y provincial se produce en un escenario marcado por las recientes resoluciones del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha confirmado la suspensión cautelar de los efectos electorales para los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática que no puedan acreditar documentalmente el exilio de sus ascendientes, frenando provisionalmente su incorporación al censo de cara a las próximas citas electorales.
