La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha instado a los Estados miembro a situar la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad como “una cuestión urgente” de la agenda global de las mujeres y a abordar este asunto “de forma prioritaria” en sus políticas y medidas de igualdad de género y derechos de la mujer, al amparo de lo que dicta el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (Comité CEDAW).
Así lo ha manifestado la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con motivo del Día Anual de Debate General sobre los Derechos de la Mujer, que ha dedicado un panel a la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.
Durante su comparecencia, Ana Peláez ha destacado que, según datos de la ONU, “una de cada cinco mujeres vive con una discapacidad” y, de hecho, la prevalencia de la discapacidad “es mayor” entre mujeres que hombres (un 19,2% frente al 12%). Así, ha declarado que, entre los factores que contribuyen a ello, se incluyen un menor estatus económico y social de las mujeres y niñas, la violencia de género y las prácticas nocivas y discriminatorias por motivo de género.
“Una violencia de la que, pese a su gravedad, apenas se sabe nada ni se toma ninguna medida para combatirla”, ha denunciado. Así, ha afirmado que los estereotipos y los estigmas negativos sobre las mujeres y niñas con discapacidad, (como la infantilización; considerarlas asexuadas o hipersexuadas; la creencia de que no pueden tomar sus propias decisiones, ni cuidar de sus hijos o hijas, o la falta de credibilidad a sus testimonios), las expone a un mayor riesgo de sufrir violencia, en comparación con los hombres con discapacidad y en comparación con las mujeres sin discapacidad.
Asimismo, ha apuntado a un tipo de violencia perpetrada “frecuentemente” no solo por sus parejas o exparejas, sino también por familiares, asistentes personales y profesionales que las atienden, y que se comete en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación, y en la cual la ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental.
Además, ha subrayado que algunas formas de violencia pueden considerarse tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El embarazo o la esterilización forzados o involuntarios; los procedimientos e intervenciones médicas sin el consentimiento libre e informado; las prácticas quirúrgicas, invasivas e irreversibles, como la psicocirugía o la mutilación genital femenina; el aislamiento o la reclusión, y la separación de hijos e hijas de sus madres con discapacidad son una clara violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con discapacidad.
También ha abordado cómo la pandemia generada por el COVID-19 ha causado “efectos perversos” en las mujeres y niñas con discapacidad. Según ha indicado Ana Peláez, las medidas de confinamiento “las ha condenado” en muchos casos a vivir con sus agresores, “una situación agravada” para aquellas mujeres con discapacidad esterilizadas y/o incapacitadas legalmente, “por estar desprotegidas ante la justicia”.
En este sentido, ha denunciado que algunas mujeres con discapacidad están, incluso, siendo explotadas sexualmente por sus familiares como consecuencia de la crisis económica que se está viviendo en muchas partes; al tiempo que las mujeres y niñas con discapacidad institucionalizadas siguen “encerradas” en centros que no están siendo supervisados por autoridades independientes, a pesar de los indicios de violencia cometida por parte de profesionales y por otros residentes.
Obligaciones de los Estados
De ahí que Ana Peláez haya reclamado las obligaciones por parte de los Estados “que no se están cumpliendo”, tales como su protección, “tanto en el hogar como fuera de él”, en la legislación y políticas; asegurar que todos los servicios especializados de violencia de género y contra la mujer “sean inclusivos y accesibles”; formar a todo el personal de dichos servicios y centros en relación con la discapacidad; proporcionar información y comunicación sobre cómo prevenir, reconocer y denunciar los casos de violencia; o supervisar todos los servicios, programas e instituciones donde se atiende o residen las mujeres y niñas con discapacidad.
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También ha hablado de asegurar la recuperación, la rehabilitación y la reintegración de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia; garantizar que todos los casos de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados; incorporar la variable de discapacidad en los datos y estadísticas oficiales de violencia de género y violencia contra la mujer, y desarrollar estudios específicos sobre la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.
Buenas Prácticas
Tras la intervención de los Estados, de las organizaciones regionales de derechos humanos y de la sociedad civil, Peláez ha puesto de manifiesto algunas buenas prácticas que se han llevado a cabo en los últimos años para avanzar en el abordaje de la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad.
La formación sobre la inclusión de la discapacidad en las políticas públicas de igualdad de género y derechos de la mujer en Guatemala, promovida por la Oficina en el terreno del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; el programa “We decid”, que promueve entre sus acciones la educación para la prevención de la violencia sexual y violencia de género de las mujeres y jóvenes con discapacidad, llevado a cabo por el Fondo de Población de la ONU con el apoyo de España; el programa de atención a mujeres con discapacidad víctimas de violencia, de la asociación francesa Femmes pour le dire, femmes pour agir; la eliminación en el Código Penal español de la esterilización no consentida por razón de discapacidad; y los webinarios No Estás Sola, de Fundación CERMI Mujeres, puestos en marcha semanalmente durante la pandemia para dar voz a las mujeres y niñas con discapacidad y a madres y cuidadoras de familiares con discapacidad, han sido algunas buenas prácticas compartidas.
No dejar a las mujeres y niñas con discapacidad atrás
En su intervención final, Peláez ha querido expresar su denuncia hacia la falta de accesibilidad e inclusividad que impide que las mujeres y niñas con discapacidad accedan a eventos donde se defienden los derechos de las mujeres.
Así, se ha referido al Foro Generación Igualdad, en el que no pudieron participar por este motivo; y tampoco lo pueden hacer ante el Comité CEDAW o ante el propio Consejo de Derechos Humanos por no ofrecer medidas de accesibilidad a la comunicación e información. Por último, Peláez ha solicitado la consideración de las mujeres y niñas con discapacidad como cuestión temática en uno de los próximos períodos de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).
