La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presidido en el Senado la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que también han participado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodriguez; y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell
El Ministerio de Igualdad y las CCAA han acordado por unanimidad la convocatoria, en la mayor brevedad posible, de una Conferencia Sectorial Extraordinaria, para la ampliación, mejora y renovación de los acuerdos y los instrumentos presupuestarios y administrativos para la ejecución del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), así como la continuidad de los proyectos vinculados al mismo, siguiendo el dictamen de la renovación del PEVG el pasado 25 de noviembre por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox.
Ángela Rodríguez ha valorado positivamente este acuerdo, teniendo en cuenta que el PEVG, y por tanto su financiación, caduca en 2022. «El PEVG es más necesario que nunca frente a los discursos misóginos y antifeministas de la extrema derecha», ha afirmado la secretaria de Estado de Igualdad. «Es nuestra obligación ampliar, mejorar y renovar los acuerdos e instrumentos presupuestarios para la ejecución del PEVG, que no solo es un Pacto social, sino también político e institucional. Es una gran noticia que todos los gobiernos de todas las CCAA y el Gobierno del Estado, seamos capaces de ponernos de acuerdo para llevarlo a cabo».
Acuerdo por unanimidad
Durante la Conferencia Sectorial, también se ha aprobado por unanimidad los 307 millones de euros a CCAA y ciudades autónomas para políticas de conciliación y lucha contras las violencias machistas, después de la aprobación de la transferencia por parte del Consejo de Ministras y Ministros el pasado 15 de febrero.
«La colaboración institucional es clave si queremos llegar a todas las mujeres en la lucha contra las violencias y a todas las familias en la apuesta por la conciliación«, ha afirmado Rodríguez. «El diálogo constante que mantenemos con las CCAA y ciudades autónomas ha permitido reforzar el Plan Corresponsables«, en el que se han incorporado importantes novedades, «como la ampliación a 16 años, una nueva línea de masculinidades y la posibilidad de que las CCAA hagan convenios con las AFAS para impulsar políticas de cuidados».
El Ministerio de Igualdad ha agilizado al máximo los plazos de transferencia para que los territorios desplieguen cuanto antes estas políticas, reduciendo en un 55% los plazos de aprobación.
