El pasado martes, 8 de marzo, la Comisión Europea presentó el plan “REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy” (REPowerEU: Acción conjunta europea para una energía más asequible, segura y sostenible). El Plan contempla una serie de medidas cuyo objetivo es poner freno a los efectos colaterales que ha tenido la invasión rusa de Ucrania: el aumento desbocado de los precios de la energía dentro de la Unión Europea. Además, se propone otras para reponer las reservas de gas para el próximo invierno.
La creciente escalada del precio de la luz en España –fenómeno que ya venía desde el verano de 2021-, se ha intensificado en este nuevo contexto, teniendo un impacto significativo en la economía y sociedad, cuyos efectos se han manifestado sobre todo en las empresas y en los hogares más vulnerables que no pueden asumir estos costes, dificultando el acceso a un suministro esencial como es la electricidad.
Las causas de este fenómeno obedece al resurgir de la demanda tras la pandemia y a la invasión de Ucrania pero tiene un elemento acelerador en la actual conformación de precios del sistema eléctrico a través de un esquema marginalista, donde de entre todas las tecnologías que participan en el pool, la oferta más cara marca el precio al que se pagan las demás, por lo que se hace necesario actuar sobre las ineficiencias estructurales del sector eléctrico, desvinculando la factura de la luz de una remuneración por precios marginales para pasar a un mercado de remuneración teniendo en cuenta los costes reales de producción.
Así, en un buen número de horas del año el precio marginal, que establece el precio de mercado, lo marcan, los ciclos combinados de gas natural y de CO2, ambos con un incremento notable en los últimos meses que repercute el coste creciente del mismo y el de los del CO2 que tienen que asumir en el mercado de derechos de emisión, en su oferta. Esto hace que la retribución que reciben todas las tecnologías por la energía generada sea más elevada y muy superior a los costes de generación de las tecnologías no emisoras. Además, determinadas tecnologías presentan costes de generación bajos, sin embargo, y habiendo ya recuperado sus costes de inversión, aún cuentan con las sobre-retribuciones que les fueron asignadas para hacerlas competitivas, son los conocidos como windfall profits (beneficios caídos del cielo).
Por todo lo anterior, la subida de precios no es exclusiva de la guerra -comenzó en 2021- sino que es un problema sistémico. Hay que señalar que el aumento del precio de la electricidad es causado por el encarecimiento del gas, los derechos de emisión y el sistema de asignación de precios creado en 1997 con un parque de generación muy distinto al actual, y en el que la asignación del precio marginal se ha vuelto ineficiente por la posición oligopólica de las 3 grandes empresas generadoras.
Según los últimos datos disponibles de Eurostat, España fue el quinto país de la UE con el precio de la electricidad más elevado. Sin embargo, en 2021 y en lo que llevamos de 2022 se han registrado nuevos máximos históricos en el precio de la luz en España aunque el Gobierno haya puesto en marcha medidas como son la puesta en marcha de una nueva factura eléctrica con discriminación horaria, la aprobación del anteproyecto de ley que regularía una reducción de la retribución de las centrales no emisoras de CO2 en territorio peninsular puestas en funcionamiento antes de 2005, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) que actualmente cargan los consumidores.
De igual modo, el gobierno aprobó un plan de choque donde se combina una serie de medidas. Entre ellas se incluye medidas coyunturales como la rebaja del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% y suspender hasta final del año el Impuesto sobre el Valor de Producción de Energía eléctrica, que grava con un 7% a la generación. Cabe destacar que con motivo de la invasión de Ucrania, el gobierno ha anunciado la prórroga hasta el 30 de julio de 2022 de estas medidas fiscales.
La reforma del actual mercado marginal depende de la Unión Europea. No obstante, el artículo 5 de la Directiva 944/2019 sobre normas del mercado de la electricidad permite a los Estados miembros actuar en una situación extraordinaria y proteger a los consumidores en situación vulnerable con mayor contundencia de la exhibida hasta el momento por el Gobierno.
No debemos olvidar que España tiene un grave problema de pobreza energética. Según la última actualización de indicadores de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (diciembre de 2021), en 2020 casi el 17% de la población tiene un gasto energético
desproporcionado frente a sus ingresos, un 10,9% de la población considera que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el inverno y el 9,6% tiene retrasos en el pago de las facturas de los suministros de su vivienda.
Por lo tanto desde CCOO abogamos por reformas estructurales a largo plazo que incluyan medidas de contención y políticas adecuadas, para evitar el aumento considerable del porcentaje de hogares en situación de pobreza energética en nuestro país. Al mismo tiempo que se garantiza el suministro para las personas en situación de vulnerabilidad.
Con relación a las empresas, las normas sobre ayudas estatales de la UE también pueden ofrecer a los Estados miembros opciones para proporcionar apoyo a corto plazo a las empresas afectadas por los altos precios de la energía y ayudar a reducir su exposición a la volatilidad de los precios de la energía a medio y largo plazo. A este respecto la Comisión también consultará a los Estados miembros sobre las necesidades y el alcance de un nuevo marco temporal de crisis de ayudas estatales para conceder ayudas a las empresas afectadas por la crisis, en particular aquellos que enfrentan altos costos de energía.
Pero, desde CCOO creemos que este marco temporal de apoyo, no solo deben circunscribirse a la concesión de ayudas a sectores incluidos en las Directrices sobre ayudas estatales del régimen de comercio de derechos de emisión, sino que debe ampliarse a todos los sectores recogidos en el Anexo I de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía 2022 (2022/C 80/01) que recoge el listado de sectores en riesgo significativo de fuga de carbono, es decir, sectores que pueden trasladar sus actividades fuera de la Unión Europea a lugares en los que no existan disciplinas medioambientales o sean menos ambiciosas, y que sean dependientes en gran medida de la intensidad de uso de la electricidad y de su apertura al comercio internacional.
CCOO considera que el plan presentado por la Comisión Europea puede ser positivo para rebajar el precio de la electricidad en el corto y medio plazo permitiendo generar un impuesto en los beneficios marginales de las empresas que debe ser revertido en los consumidores más vulnerables para mitigar el alza en los precios de la electricidad pero, si bien, es necesario adoptar otras medidas de carácter estructural para solventar el problema a largo plazo debiendo hacer una valoración de los impactos en el empleo.
Además en relación con la política industrial del país, se necesita configurar un marco suficientemente estable a medio plazo que genere confianza e impulse la actividad y la inversión. Desde CCOO reclamamos soluciones claras para la industria electrointensiva, sumida en una crisis profunda, y con la amenaza de su deslocalización y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
El desacoplamiento del gas del sistema de subastas y precios marginalistas no es suficiente y ha sido planteado como medida coyuntural. En el Anexo II REPower EU se entiende que el sistema actualmente existente tiene como objetivo generar incentivos positivos para una inversión por parte de las empresas generadoras de energía dirigida a la descarbonización europea. En la situación actual queda meridianamente claro que las señales del mercado no están siendo correctas y que su funcionamiento no está beneficiando al interés general. Por tanto estamos ante un problema sistémico y no coyuntural. En consonancia con lo anterior, el propio texto REPower EU se abre a considerar el estudio de otras opciones que optimicen el diseño del mercado eléctrico.
Desde CCOO creemos que la reforma del mercado marginalista no debe ser temporal sino permanente siendo necesario avanzar hacia un modelo más justo que vele por los intereses generales, una reglobalización más cooperativa en la unión europea y una transición verde que aproveche en España el gato total de todos los fondos Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para acelerar estos cambios sin dejar a nadie atrás.
