En el contexto de la actualidad política local, la crisis del grupo parlamentario socialista ha tenido como elemento de disputa fuera del propio ámbito interno las declaraciones del portavoz del Ejecutivo, Alejando Ramírez, en las que declaraba que “ni se han apoyado en el transfuguismo político, ni existe tal transfuguismo político”. Ramírez, tras el Consejo de Gobierno de los martes criticaba la decisión de la Gestora de Melchor León e intentaba marcar una separación conceptual entre la actuación de los diputados Rahal y Mustafa la pasada semana y la declaración de tránsfugas, recalcando “que sus votos no eran necesarios para la aprobación de la modificación” del presupuesto.
La cascada de acontecimientos, que inició la ruptura con la disciplina de voto de los diputados socialistas ha provocado en la sociedad caballa la inquietud sobre los motivos detrás de esta decisión, tanto en defensa de la posición tomada por los díscolos como en contra de estos. Tanto es así, que el cruce de declaraciones oficiales entre las direcciones de los partidos llevó al PP ha desvincularse de cualquier prebenda para la obtención de los apoyos y a tratar de atajar las informaciones sobre los contratos vinculados a Rahal.
La decisión fulminante de la dirección del PSOE de proceder a la destitución de sus ahora ex diputados de todas las comisiones de las que su nombramiento dependían ha encontrado un primer escollo en la Comisión del Puerto, dónde Ramírez asegura que “la presencia de Rahal es una potestad del Presidente y de momento no habrá cambios”.
Esta negativa que se transmitía desde la portavocía del Gobierno supondría una usurpación contraria al Pacto Antitransfuguista de la capacidad que este otorga en exclusiva a los partidos por los que se presentaron, en este caso el PSOE, para determinar la consideración de tránsfugas en su artículo primero, tanto en la versión de 2006 como en la de 2020. Dice así el acuerdo, que “cuando surgieran dudas sobre qúe miembros han incurrido en transfuguismo será la formación política que los ha presentado la que deba decidirlo”, indicando únicamente el requisito formal de que esta se traslade por escrito.
Obvia, por tanto, Ramírez, este artículo del Acuerdo para centrar la carga argumental sobre la inexistencia de un cambio en las mayorías, cuando la interpretación tanto literal como teleológica del texto no refiere expresamente una obligación de resultado en la determinación sino que la mera actuación rompiendo la disciplina de voto traslada, en este caso a los socialistas, la decisión final sobre la consideración del tránsfuga.
La polémica en torno a la premura de la decisión adoptada y la gravedad de la misma es completamente legítima, pero en aras de la convivencia democrática de los partidos debe respetarse la vida interna del partido afecto, y en todo caso Rahal, ya que Fidda Mustafa se presentó en la lista como independiente, deberá defender los motivos de su voto y solicitar una medida más leve ante la Comisión de Garantías del Partido, que es la que en el caso del PSOE tiene la competencia estatutaria para resolver. La hipótesis del resultado es en este caso antijurídica y contraria a la interpretación que el propio PP ha venido haciendo del pacto, aunque puede entenderse dentro del complejo clima político que vive la ciudad, como un malabarismo estratégico.
El Gobierno de Vivas se sabe en minoría para la aprobación de las grandes medidas de su programa y para el mantenimiento de la delicada paz social, apuntalada sobre el dinero que la Ciudad Autónoma desliza a través de la inversión pública, los planes de empleo y las subvenciones. La parálisis de unos presupuestos en la ciudad con más paro del país tendría un impacto directo en la supervivencia de muchas familias, un peso que tendrían su traducción política directa en el Ejecutivo local y el equilibrio socieconómico. Tener garantizado el apoyo de Rahal y Mustafa es fundamental para mantener el rumbo del elefante institucional que dirige Juan Vivas.
La espera declarada por Ramírez sobre el puesto de Rahal en el Puerto es un movimiento táctico, probablemente resguardado el único sitio de relevancia que mantendría Rahal de la doctrina del Supremo que mantiene que los servidores declarados como tránsfugas no pueden mejorar su sueldo ni ser nombrados por la Entidades Locales para nuevos puestos.
La decisión se entiende, por tanto, en la previsión de la reunión ordinaria que debe mantener la Comisión del Pacto Antitransfuguista del próximo julio, ya que los acuerdos firmados por las partes deben ser respetados y ejecutados por los partidos firmantes del pacto, entre los que se encuentran los populares. La declaración de Rahal y Mustafa como tránsfugas por la comisión no obligaría a la destitución de este de la Comisión del Puerto, pero sí impediría su reposición en caso de que la decisión primera hubiera sido en este caso la de su destitución.
En todo caso, le quedaría a Génova una última bala en este asunto para evitar el conflicto con su sucursal ceutí, pues el Pacto de 2020 permite que en los casos de disputa pueda nombrase una Comisión de Expertos, formada por juristas de reconocido prestigio, quien determinaría por unanimidad o mayoría superior a los tres quintos la decisión sobre la condición de los diputados ahora cuestionados. Es posible que así el Partido Popular nacional traslade del ámbito de la política al ámbito de la técnica jurídica la motivación para aceptar la decisión del PSOE de considerar tránsfugas a Rahal y Mustafa.
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