La empresa Raytheon ha llegado a un acuerdo para pagar 950 millones de dólares a la Justicia de Estados Unidos. Esta suma se destina a resolver múltiples investigaciones relacionadas con fraude en contratos gubernamentales y sobornos a funcionarios extranjeros.
El monto más significativo, de 428 millones de dólares, está vinculado a acusaciones de que Raytheon engañó al Departamento de Defensa de EE.UU. sobre costos y precios durante las negociaciones de contratos entre 2009 y 2020. Estas prácticas han sido calificadas como una erosión de la confianza pública, afectando tanto al gobierno como a otras empresas que cumplen con la ley.
Además, Raytheon fue acusada de sobornar a un alto funcionario de las Fuerzas Aéreas de Catar. Estos sobornos tenían como objetivo asegurar y mantener contratos con el gobierno catarí, sin informar posteriormente de estos pagos al Departamento de Defensa al solicitar licencias de exportación, lo cual es un requisito legal.
El fiscal general adjunto interino de EE.UU., Kevin Driscoll, destacó que la mala conducta de Raytheon, una empresa cotizada en bolsa, no solo perjudica al gobierno y a las empresas legales, sino también a los contribuyentes. Esta situación subraya la necesidad de una mayor vigilancia y cumplimiento de las leyes anticorrupción.
Por su parte, William Walker, agente especial encargado de las investigaciones de Seguridad Nacional, enfatizó que los sobornos relacionados con tecnología militar estadounidense representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y la de sus aliados.
La empresa matriz de Raytheon, RTX, también enfrentó acusaciones de la Comisión de Mercado y Valores (SEC) por violar leyes federales de corrupción extranjera. RTX acordó cerrar el caso mediante el pago de 124 millones de dólares.
Como parte del acuerdo, Raytheon ha admitido su responsabilidad en las acusaciones, incluyendo su participación en tramas para defraudar al Departamento de Defensa en el suministro de sistemas de misiles Patriot y radares. La empresa se ha comprometido a cooperar con las autoridades durante los próximos tres años, estableciendo un supervisor independiente y mejorando sus mecanismos contra malas prácticas.
Este caso pone de relieve la importancia de la ética empresarial y la transparencia en las operaciones corporativas, especialmente cuando se trata de contratos con el gobierno. Raytheon deberá implementar cambios significativos para evitar sanciones adicionales en el futuro.
