Dos cartas enviadas este año al Ministerio de Ciencia por altos cargos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) alertaban de posibles irregularidades por un monto cercano a los 25 millones de euros en contratos públicos durante 18 años. Sin embargo, los denunciantes —el director de Operaciones y la directora de Cumplimiento Normativo del centro— no recibieron respuesta y, posteriormente, fueron despedidos, provocando protestas del comité de empresa y de varios directores científicos.
El responsable de Operaciones y Compras del CNIO comunicó el 3 de marzo y el 8 de agosto al secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, la existencia de contratos presuntamente amañados, inflados y vacíos de contenido. Según los denunciantes, estos contratos habrían generado un desfalco de entre 20 y 25 millones de euros, con implicación directa de antiguos altos cargos de la institución. Ninguna de las cartas recibió una respuesta sustancial; la segunda fue desviada hacia la Gerencia del centro, sin consecuencias.
A pesar de sus advertencias y de haber solicitado protección frente a posibles represalias, ambos altos cargos fueron despedidos el 30 de agosto, mediante burofax. La acción provocó el rechazo del comité de empresa y de parte del cuerpo científico, que intentó sin éxito reunirse con la nueva dirección del CNIO.
El Ministerio, que supervisa al centro y preside honoríficamente su Patronato, aseguró que condena cualquier delito que se haya podido cometer y ofrece colaboración con la Justicia y órganos de control, aunque aún no se ha recibido notificación formal de la Fiscalía de Madrid, a la que la denuncia fue remitida desde Anticorrupción.
Los denunciantes iniciaron sus investigaciones tras asumir sus cargos en julio de 2024, descubriendo un historial de contratos irregulares, pagos por servicios no prestados y sobrecostes de hasta un 400%. Ante la falta de respuesta interna, el director de Operaciones presentó el 27 de junio la denuncia formal ante Anticorrupción, acompañada de más de 500 documentos que respaldan su investigación.
Tras los despidos, la dirección del CNIO nombró el 1 de septiembre un nuevo gerente, José Manuel Bernabé, quien asegura que desconoce los detalles previos de las denuncias pero reconoce que podrían implicar la nulidad de los despidos.
Este caso plantea serias dudas sobre la supervisión ministerial y sobre la protección efectiva de los denunciantes de corrupción en instituciones científicas de alto nivel.
