El Ministerio de Consumo ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a Airbnb por permitir que más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas se publicaran sin contar con la licencia correspondiente, según la normativa vigente. La multa, equivalente a seis veces el beneficio ilícito que habría obtenido la plataforma con sede en San Francisco, es la segunda mayor impuesta por el departamento de Pablo Bustinduy a una sola empresa, después de los 108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024.
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La investigación del Ministerio detectó que Airbnb no solo permitió la publicación de anuncios sin licencia, sino que tampoco impidió que algunos propietarios incluyeran números de registro falsos o incorrectos. El proceso sancionador comenzó en octubre de 2024 y, tras la inacción de la compañía y recursos judiciales sin éxito, la plataforma retiró finalmente los anuncios en julio de 2025.
“Vamos a defender los derechos de los consumidores, sin importar lo grande o poderosa que sean las empresas implicadas”, declaró Bustinduy en rueda de prensa. Además de la multa principal, Airbnb recibió sanciones menores: 10.000 euros por omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión y otros 55.000 euros por incumplir prohibiciones durante la instrucción del expediente.
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El Ministerio de Consumo ha dejado claro que continuará actuando contra prácticas abusivas en el sector inmobiliario y turístico, con otros expedientes en curso, como el que afecta a la firma Alquiler Seguro.
Con esta sanción, el Gobierno pretende poner freno a la “especulación que está asfixiando a millones de familias trabajadoras” y garantizar el cumplimiento de la ley en el mercado de alquiler turístico.
