El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha pasado a la ofensiva legal desde la prisión de Soto del Real. A través de un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, el ahora diputado suspendido ha solicitado que se reconsidere su apartamiento de la Cámara Baja, calificando la decisión de «precipitada» e «indebida».
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La suspensión se produjo tras su ingreso en prisión provisional y su procesamiento por el «caso Koldo», relacionado con presuntas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia.
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Los argumentos de la defensa de Ábalos
El escrito presentado por la representación legal del exministro se fundamenta en tres pilares principales que buscan revertir su situación actual en el Congreso:
1. Pendiente del Tribunal Supremo: Ábalos sostiene que la Mesa actuó antes de tiempo. El próximo 15 de enero, la Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrará una vista para estudiar el recurso de apelación contra su prisión preventiva. Según el exministro, hasta que el TS no se pronuncie, su suspensión vulnera el principio de presunción de inocencia.
2. El «daño» al electorado: Uno de los puntos más políticos de su reclamación es la denuncia de la pérdida de su voto. Ábalos argumenta que suspenderle supone privar de «representación legítima y democrática» a los ciudadanos de Valencia que le votaron en las generales de julio de 2023.
3. Impacto económico: El exministro recuerda que la medida le ha dejado sin sus ingresos parlamentarios:
• Sueldo base: 3.236 € brutos mensuales.
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• Indemnizaciones: Cerca de 2.000 € adicionales por gastos de función legislativa.
• Seguridad Social: Cese en el abono de sus cotizaciones y mutualidades.
El contexto judicial: El «caso Koldo»
La situación de Ábalos se agravó tras su procesamiento por los supuestos amaños en la compra de material sanitario. Su entrada en Soto del Real supuso un hito en la investigación, pero el exdirigente socialista insiste en que se han vulnerado principios del Estado de Derecho, como la separación de poderes y el respeto a los procedimientos judiciales aún no concluidos.
¿Qué puede pasar ahora?
La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, deberá estudiar el escrito. Sin embargo, fuentes parlamentarias indican que la suspensión suele ser automática en casos de prisión preventiva para evitar que la dignidad de la institución se vea afectada, independientemente de los recursos pendientes.
La fecha clave será el 15 de enero. Si el Tribunal Supremo decide que Ábalos puede salir de prisión en espera de juicio, el Congreso se vería obligado a revisar su situación administrativa de inmediato.
