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El juez José Luis Calama asume la investigación tras detectarse que los 53 millones del rescate público podrían haber servido para lavar dinero de la corrupción venezolana.
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Un nuevo giro judicial coloca a la aerolínea Plus Ultra en el centro del escenario en la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama ha aceptado formalmente la competencia para instruir la causa sobre el polémico rescate de la compañía, tras recibir la inhibición de un juzgado de instrucción madrileño que considera que el caso tiene ramificaciones internacionales y delitos de mayor gravedad de los previstos inicialmente.
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De un rescate administrativo a una trama de blanqueo
Lo que comenzó como una investigación sobre la legalidad de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha derivado en una causa de presunto blanqueo de capitales a gran escala.
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En 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hallaron indicios de que los fondos del rescate no se destinaron exclusivamente a la viabilidad de la aerolínea. Según las pesquisas, el dinero podría haber sido utilizado para blanquear capitales procedentes de la corrupción en Venezuela, país con el que la aerolínea mantiene sus principales conexiones operativas.
Operación policial y detenciones de la cúpula
El caso se aceleró significativamente en diciembre de 2025 con una operación dirigida por la UDEF que sacudió los cimientos de la compañía:
- Detenciones clave: Fueron arrestados (y posteriormente puestos en libertad) el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el CEO, Roberto Roselli, un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez.
- Registros en la sede: Los agentes recabaron abundante documentación fiscal en las oficinas centrales de la aerolínea, cuyo análisis posterior ha confirmado que la trama supera las competencias de un juzgado ordinario.
El juez Calama asume el mando bajo secreto de sumario
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, actuará en este caso como sustituto del magistrado Ismael Moreno (quien se abstuvo del proceso). En su primer auto, Calama ha tomado dos decisiones fundamentales:
- Reclamar oficialmente todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.
- Mantener el secreto de las actuaciones, una medida excepcional para proteger la investigación y evitar la destrucción de pruebas mientras se analizan las ramificaciones internacionales de la red.
Este movimiento judicial reactiva un caso que ya había sido archivado en una primera fase por la justicia madrileña, pero que ha resurgido con fuerza al vincularse los fondos públicos con flujos de dinero ilícito del extranjero.
