El Ayuntamiento de Palencia ha dado un paso firme en el caso que ha sacudido la política local. El consistorio ha presentado una denuncia formal contra la concejala del Partido Popular, Carolina Valbuena, y la secretaria municipal, tras detectar presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de una vivienda de protección oficial (VPO) que dista mucho de los estándares de este tipo de inmuebles: un chalé con piscina privada.
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La denuncia, que ya está en manos de la justicia, señala posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, poniendo el foco en cómo una representante pública pudo acceder a una vivienda protegida con características de lujo.
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Las claves del caso «VPO de Lujo»
La investigación interna del Ayuntamiento ha revelado una serie de anomalías que han llevado el caso a los tribunales:
- El inmueble: Se trata de una vivienda unifamiliar calificada como de Protección Oficial, pero que cuenta con piscina y jardín propio, elementos que chocan frontalmente con la normativa de vivienda social destinada a colectivos con dificultades económicas.
- La implicación de la Secretaria: La denuncia incluye a la secretaria del Ayuntamiento al considerar que pudo haber una omisión de funciones o un asesoramiento favorecedor para permitir que la tramitación del expediente de construcción y adjudicación siguiera adelante sin las debidas trabas legales.
- Irregularidades en el censo: Se investiga si la concejala cumplía realmente con los requisitos de renta y necesidad de vivienda en el momento de la adjudicación, o si se utilizó su posición privilegiada en el consistorio para «ajustar» el expediente.
Reacciones políticas: Entre la dimisión y el silencio
La noticia ha provocado un terremoto en la corporación municipal palentina:
- El Equipo de Gobierno: Defiende que la denuncia es una «obligación moral y legal» tras los informes técnicos que señalan que el procedimiento fue, cuanto menos, «altamente irregular».
- La Oposición (PSOE y Vox): Han solicitado la dimisión inmediata de Valbuena, alegando que este caso daña irreversiblemente la imagen de la institución y supone un insulto a los ciudadanos que esperan años por una vivienda protegida.
- El Partido Popular: Por el momento, la formación mantiene una postura de cautela, a la espera de que la justicia avance, aunque la presión interna para apartar a la concejala crece cada hora.
¿Qué dice la ley?
El Código Penal establece penas de inhabilitación y posibles penas de prisión para los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Además, de confirmarse el fraude, la concejala podría perder la propiedad del inmueble y enfrentarse a sanciones económicas que multiplicarían el valor de las ayudas recibidas para la VPO.
